Samuel García Sepúlveda podría incurrir en los delitos de usurpación de funciones públicas o ejercicio ilícito del servicio público, lo que conllevaría una pena de prisión que van desde tres a siete años respectivamente.
Es la opinión de abogados penalistas y constitucionalistas, quienes se pronunciaron en sus cuentas de la red social X (antes de Twitter) sobre la decisión de García de “reasumir” el gobierno de Nuevo León, a pesar de que el Congreso local ha asegurado que su licencia sigue vigente hasta el 2 de junio de 2024.
El abogado penalista Gabriel Regino coincidió con la interpretación del Congreso de que la licencia se encuentra vigente, por lo que Samuel García está impedido para realizar actos de gobierno.
Además de la pena de cárcel a la que podría enfrentarse el emecista por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, consideró que si utiliza la fuerza pública para impedir las acciones del gobernador interino Luis Enrique Orozco, el funcionamiento del Congreso o separar a servidores de su cargo, cometería el delito de rebelión, castigado de 2 a 14 años de prisión.
Señala que a quienes ingresaron el pasado 29 de noviembre al Congreso neoleonés para impedir la toma de protesta de Orozco les corresponde el delito de sedición, castigado hasta con 5 años de prisión.
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Por su parte el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, señaló que los servidores públicos que realicen actividades por instrucciones de Samuel García incurren en responsabilidades administrativas y penales.
“Samuel García es gobernador constitucional con licencia, es un ciudadano sin cargo público; no es servidor público en estos momentos. El único que tiene la autoridad para dar indicaciones es el gobernador interino, Luis Orozco”, advirtió.
Burgoa llamó a los ciudadanos de Nuevo León a que documenten los actos de gobierno que realice García, como las publicaciones en el Periódico Oficial del estado, así como a que presenten las denuncias correspondientes en la Fiscalía estatal por el delito de usurpación de funciones públicas.
El delito está previsto en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que señala que “comete el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión, y uso indebido de condecoraciones o uniformes”, el que “sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones de tal”.
En la imagen, Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León. Foto: Cuartoscuro
La penalidad es la prisión por un mes o tres años y una multa de una a diez cuotas de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, de 103.74 a 1,037 pesos.
Además, por violar la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló que Luis Enrique Orozco asumiera la gubernatura interina, puede ser separado definitivamente del cargo y consignado ante un juez de distrito, como dictan los precedentes del máximo tribunal.
“Si los servidores públicos de Nuevo León no quieren tener problemas administrativos y jurídicos deberían ignorar a Samuel García hasta en tanto el Congreso o el Poder Judicial de la Federación no diga lo contrario”, advirtió el jurista.
Sin embargo, para el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero de la Judicatura de la Ciudad de México, Samuel García mantiene el cargo. “Gobierna el gobernador que tiene la legitimidad democrática, el que fue votado por la mayoría de los ciudadanos, es decir, Samuel García”, dijo en declaraciones al periódico Reforma.
Por su parte Darío Ángeles, especialista en Derecho Administrativo, consideró que en su opinión, basta con que García notifique al Congreso para regresar como gobernador y recordó que cuando el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón solicitó licencia en 2018, desde el Congreso se dijo que bastaba con que el entonces mandatario con licencia notificara al Legislativo su regreso. Sin embargo, “El Bronco” regresó el 2 de julio tras vencerse su licencia y luego de perder las elecciones presidenciales de ese año.
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