800.000 puestos de trabajo y un arreón de dos puntos y medio de PIB en tres años. Además de una apuesta decidida por una “nueva modernización” de la economía española, muy dependiente de sectores como el turismo y el automóvil, que están sufriendo de lo lindo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desvelado esta tarde las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un documento de 58 páginas diseñado para reactivar la economía española poscovid con la inestimable ayuda de los 140.000 millones en fondos europeos y los futuros Presupuestos Generales del Estado, en fase de cocción. Ese plan es todavía una amalgama difusa: queda por ver la letra pequeña, pasar de las musas al teatro. Pero el informe del Ejecutivo tiene tres líneas maestras que empiezan a vislumbrarse con algo más de claridad. Una: la inversión verde y la transformación digital se llevan el 70% del dinero, esas son claramente las dos apuestas de España (y de Europa) para el medio plazo, sea lo que sea eso. Dos: las políticas expansivas están aquí para quedarse; al aumento del techo de gasto de más del 50% (hasta casi 200.000 millones) se une una clara declaración de intenciones: no habrá consolidación fiscal “hasta que España recupere el nivel de PIB previo a la crisis”, según el documento, lo que equivale a decir, poco más o menos, 2023 (siempre que Berlín lo permita). Y tres: el Gobierno quiere apalancar el dinero europeo y movilizar con él hasta 500.000 millones de euros públicos y privados. Pretende, en fin, levantar medio billón de euros a través de instrumentos financieros y la colaboración público-privada. Lo mismo que trató de hacer Bruselas con el Plan Juncker de inversiones: por cada euro europeo España planea movilizar cuatro euros.
Felipe González prometió 800.000 puestos de trabajo allá por 1982, a las puertas de una reconversión industrial dolorosísima; esa cifra le persiguió durante años. José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a crear un millón de empleos en la economía verde tras el estallido de la Gran Recesión, que poco después se llevó por delante su Plan E, su presidencia y por poco al Partido Socialista. Mariano Rajoy subió la apuesta hasta los dos millones de empleos en su última campaña, “sin experimentos ni bromas”, poco antes de ser barrido en una moción de censura. Pedro Sánchez ha perfilado este miércoles las líneas maestras del Plan de Recuperación, del que apenas se ven los andamios todavía: de nuevo aparecen esos 800.000 puestos de trabajo con reminiscencias del felipismo, con la palanca que permiten los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Los objetivos políticos del Plan Sánchez están claros. Pero el andamiaje económico apenas se vislumbra: el Gobierno elevó este martes el techo de gasto por encima del 50%, hasta rozar los 200.000 millones de euros, para activar un plan de estímulos ante una caída del PIB que superará con creces el 10% este año. Estos son los detalles más jugosos en el capítulo económico.
Los números. El Gobierno quiere acelerar los proyectos durante los tres primeros años, con 72.000 de los 140.000 millones, a los que hay que añadir 79.000 millones en fondos estructurales y procedentes de la política agraria común. En el Presupuesto de 2021 se incluirán 27.000 millones que el Gobierno adelanta —vía endeudamiento— hasta que lleguen los fondos europeos. La Moncloa pretende así dar un empujón al PIB de dos puntos y medio hasta 2023, crear 800.000 puestos de trabajo y elevar el crecimiento potencial por encima del 2%. El 37% de los fondos se irán en inversiones verdes; el 33%, en proyectos de transición digital.
Keynes y los recortes. El objetivo declarado del Gobierno es elevar significativamente los niveles de inversión pública, políticas expansivas (o keynesianas) con un efecto multiplicador de 2,7 según el FMI (por cada euro invertido se movilizan casi tres). Y no acometer recortes hasta que el PIB recupere los niveles previos a la crisis. A juzgar por las estimaciones del propio Gobierno, eso no sucederá al menos hasta 2023. La política económica de Keynes se basaba en ahorrar en los años de vacas gordas y gastar cuando llega una crisis. España no ahorró a partir de 2015, con la recuperación. Pero ahora tiene que gastar para evitar que el agujero recesivo sea aún más profundo, con la ayuda de Europa.
Reformas. Esa palabra fetiche aparece hasta 17 veces en el texto. Pero esa presencia es muy difusa: en el mercado de trabajo el texto pasa por alto la derogación parcial de la reforma laboral que incluyó en el acuerdo de coalición, aunque pone el énfasis en dedicar recursos a un plan de formación profesional y sobre todo a las políticas activas de empleo. Además, en cuanto a la reforma fiscal, solo vagas referencias: el Ejecutivo pretende dotar de mayor progresividad al sistema impositivo, pero apenas habrá algún matiz al respecto en los próximos Presupuestos. Se activa un grupo de expertos para elaborar una propuesta de reforma fiscal. En cuanto a las pensiones, no hay grandes novedades: el Ejecutivo quiere incentivar la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas; revisar el sistema de previsión social complementario fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas, e integrar los distintos regímenes de pensiones, como los de los autónomos.
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