“Templo Mayor”, en Reforma:
“Quién sabe qué mosca le picó a Pablo Gómez, pues aunque es el titular de la UIF parece que se quiere convertir en el comisario de la Policía Política de la 4T. El ex legislador salió con una extrañísima interpretación de la Constitución según la cual los ciudadanos que no participaron en la consulta de revocación de mandato deben ser sancionados pues estaban legalmente obligados a votar. Bajo la demencia lógica de Gómez, el abstenerse de votar en elecciones o consultas es una falta al texto constitucional y a tooooodos los que no voten se les deben suspender sus derechos ciudadanos por un año. Se voló la barda”.
“Trascendió”, en Milenio:
“Según las cuentas del legislador panista Gabriel Quadri, la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados han logrado sumar “mediante presiones y amenazas” a once representantes de la oposición para votar a favor de la reforma eléctrica el próximo domingo, aunque se reservó la identidad de los diez presuntos “judas” que seguirían los pasos del todavía priista Carlos Miguel Aysa Damas. De acuerdo con esas cifras, el bloque lopezobradorista contaría ya con 288 votos y estaría a 46 de los 334 para lograr la mayoría calificada de dos terceras partes y aprobar la iniciativa”.
“Frentes Políticos”, en Excelsior:
“Mañoso. Una vez consumada la revocación de mandato lo más importante es acabar con la corrupción. Y la 4T tiene en sus manos un caso emblemático: hay denuncias ante la Cofece, la UIF y el SAT, por prácticas ilegales del empresario Juan Carlos Tapia Vargas, quien fue inhabilitado por la SFP, tras acreditarse operaciones irregulares en el caso Odebrecht, y por huachicol. Sin embargo, creó nuevas firmas para participar como subcontratista en la refinería Dos Bocas y logró convencer a los encargados de la obra. O sea, ¿autoridades y consorcios, no investigan a sus proveedores? Con una maniobra tan básica de empresas fantasma Tapia Vargas los engañó y se coló hasta la cocina de la transformación. ¿Y la lucha contra los males del pasado?”.
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