La guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central ha subido este miércoles un peldaño. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado por mayoría imponer medidas restrictivas a la movilidad en las comunidades que superen los 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, tengan una tasa de positividad en las pruebas superior al 10% y una ocupación de enfermos de covid en las UCI por encima del 35%. Con estos criterios, 10 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, tendrían que establecer confinamientos perimetrales, entre otras limitaciones. Pero su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que al no haber consenso por todas las comunidades autónomas, este acuerdo carece de validez jurídica.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido en la tarde del miércoles para anunciar las medidas, que serán publicadas “en los próximos días” en el Boletín Oficial del Estado como orden ministerial. Fuentes del Gobierno confirman que será este mismo jueves, informa Carlos E. Cué. Luego tendrá que ser traspuesta en sus respectivos boletines en las comunidades autónomas afectadas. Por el momento, con los datos actuales, solo Madrid tiene que aplicarlas. Escudero ha comparecido poco después para anunciar que la norma no será válida y que “en el caso de que se llegase a publicar”, los servicios jurídicos de la comunidad estudiarían cómo proceder.
La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso es una de las cinco autonomías que han votado en contra de estas medidas en el consejo, junto a Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta, mientras que Murcia se ha abstenido. Todas las demás han votado a favor. Madrid se ha opuesto a pesar de que el martes, a través de su vicepresidente, Ignacio Aguado, dio su visto bueno a este mismo acuerdo, que había alcanzado de forma bilateral con el ministerio. Illa ha asegurado que no contempla la posibilidad de que Madrid no aplique esta “decisión colegiada del consejo”. Si lo hiciera, en cualquier caso, tendrá que ser ratificada por un juez, como sucede con todas las medidas que afectan a derechos fundamentales sin estado de alarma en vigor.
De aprobarse finalmente, en estos 10 municipios (Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés Parla, Getafe, Móstoles y Torrejón) no podrían entrar ni salir personas salvo para ir a trabajar, a clase, hacer exámenes, obligaciones legales, para volver a su domicilio o por causa de extrema necesidad. Solo podrían reunirse seis personas, tanto en ámbitos públicos como privados (algo ya en vigor), y se reducirían los aforos en los establecimientos comerciales y locales de hostelería al 50%; los primeros tendrán que cerrar a las 22.00 y los segundos a las 23.00, aunque no podrían admitir nuevos clientes desde una hora antes. En ellos, se prohibiría el consumo en barra. También se limitaría la capacidad de los lugares de culto a un tercio, siempre manteniendo la distancia de seguridad, y en los velatorios, a 10 personas en espacios cerrados y 15 en abiertos.
El ministro ha asegurado que está abierto a pulir el documento, incluso a incluir más criterios para establecer medidas restrictivas, tal y como ha solicitado alguna comunidad. “Trabajaremos incansablemente en consensos más amplios, si pueden ser por unanimidad. Ayer había acuerdo, hoy no lo hay. No me corresponde a mí explicar las razones”, ha señalado Illa en referencia a la marcha atrás de Madrid, donde, ha añadido, “la determinación es tomar el control de la epidemia”.
Hasta ahora, todas las acciones derivadas de esa reunión entre autonomías y Gobierno central en crisis de salud pública se habían puesto en marcha por unanimidad. La falta de acuerdo, en este caso, se deriva de un malestar manifestado por varias comunidades que creen que la propuesta del Gobierno central debería ser solo para Madrid, con la incidencia acumulada más alta de todo el territorio (735,05 este miércoles) y una alta y creciente presión asistencial en su sistema sanitario.
Recuerda José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, que en contadas excepciones no hubo unanimidad y que las medidas fueron aplicadas sin el acuerdo de todas las regiones, pero nunca en una crisis de salud pública. “El acuerdo es requisito previo para la publicación como norma en el Boletín Oficial del Estado y a partir de aquí es obligatorio cumplir las medidas, aunque no haya unanimidad”. Es decir, que todas las comunidades, hayan votado a favor o en contra, deberán cumplir con el texto propuesto por el ministerio.
Sorpresa por el rechazo
Las comunidades donde gobierna el PSOE no contaban con que todas las comunidades gobernadas por el PP, excepto Castilla y León, rechazasen las medidas. La sorpresa ha sido absoluta. El acuerdo del día anterior entre el Gobierno y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre los parámetros a aplicar, que en la práctica afectaban solo a ciudades de Madrid, era la base sobre la que la mayoría de los consejeros territoriales de sanidad llegaron a la reunión. “Todos estábamos de acuerdo en que tiene que haber criterios comunes, se había dado ese paso… Y de repente esto. Nadie se lo esperaba”, resume un presidente autonómico.
Las comunidades que han votado en contra del documento han alegado que quieren que se apliquen más criterios y que sean técnicos. “Como si los que se contemplaban no lo fuesen”, decía incrédulo el representante de una de las comunidades más atentas a la evolución de la pandemia en Madrid. “Las medidas que se han discutido hoy son muy parecidas a las que hemos venido tomando estas semanas casi todas las comunidades”, resumía un barón del PSOE.
En las comunidades socialistas ha cundido la indignación con la estrategia “acordada de antemano” de las autonomías del PP de oponerse a las medidas en el Consejo Interterritorial, por orden de Génova, según la interpretación de varios presidentes autonómicos del PSOE. “Llevan al país por el precipicio. Esta es una estrategia de Pablo Casado, que es el mayor irresponsable”, se queja uno de ellos. “Están en el cuanto peor, mejor. Viven mirando solo el corto plazo, les da miedo que Vox tome relevancia con la moción de censura y no quieren perder ese papel de oposición”, analiza este presidente autonómico socialista.
Las referencias implícitas a Madrid por no tomar medidas contundentes desde el final del estado de alarma han sido una constante. El discurso que ha hecho Galicia en el Consejo Interterritorial ha llevado a pensar a muchos de los asistentes que votaría a favor. Andalucía, en cambio, ha sido la más directa y la que más ha visibilizado que las comunidades del PP llegaron a la reunión con una estrategia común, relata un consejero. Murcia, que justificó que se abstuvo “por error”, lleva meses pidiendo criterios más estrictos, recuerdan consejeros de sanidad de otras autonomías.
La excepción en el PP ha sido Castilla y León, que no desdeña la influencia que Madrid puede tener en el aumento de la pandemia por su cercanía y la movilidad diaria por motivos laborales. La incomodidad del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la resistencia de Madrid a tomar medidas más duras es creciente, coinciden en otras comunidades. Fuentes del Gobierno castellanoleonés explican que su voto es “coherente” porque la adopción de unos criterios homogéneos para todo el país en el Consejo había sido su propia propuesta. “Nosotros nos habíamos comprometido a aprobar esto y hemos hecho lo que hemos dicho siempre”, explican estas fuentes, que reconocen que el desmarque de Madrid también les cogió por sorpresa. El Gobierno de Castilla y León considera que Madrid tendría que haber aprobado las medidas porque “son criterios uniformes y el Consejo Interterritorial representa a la nación”. “Es urgente sacar la pandemia de la bronca política”, insisten en el Ejecutivo popular de Castilla y León, e instan a Madrid a actuar: “Las medidas no pueden demorarse eternamente”. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, es independiente a propuesta de Ciudadanos, pero votó a favor con el aval del Ejecutivo.
Tras la reunión, País Vasco, ha vuelto a pronunciarse en ese sentido y apuntan a que “las medidas deben seguir tomándose de manera localizada, tal y como viene realizándose desde julio y con buenos resultados”; respecto a la propuesta, solicitan que “el documento sea de carácter abierto y que vaya actualizándose en base a criterios técnicos para poder responder de la mejor manera posible a situaciones futuras en la medida en que haya un mayor conocimiento científico de la enfermedad”. Y aclaran que actualmente no hay ningún municipio vasco mayor de 100.000 habitantes que se encuentre en los supuestos recogidos en el documento para tener que tomar medidas, informa Mikel Ormazabal.
Desde Castilla-La Mancha apelan a la “responsabilidad de cada región” y recuerdan que las medidas discutidas hoy “son muy parecidas a las que se han venido tomando estas semanas en casi todas las Comunidades Autónomas”. El Ejecutivo de Emiliano García-Page está de acuerdo con aquellas medidas que “restrinjan la movilidad en las zonas con más incidencia para contener el virus”.
Cataluña, por otro lado, ha tildado de “circo” el consejo: “Venimos de hace nueve días de ese escenario lleno de banderas donde todo iba maravillosamente bien. Nueve días y se sigue sin actuar. Hoy nos encontramos en un escenario inesperado, que pasamos de un acuerdo que creemos que había ayer a un documento que, de inicio, es papel mojado”, ha dicho la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, en alusión al rechazo público que ha hecho la Comunidad de Madrid al documento pocos momentos antes de la reunión de las autonomías. Y ha vuelto a reclamar la necesidad de “reducir la movilidad en Madrid”: “El contexto es preocupante en Madrid y lo más triste es que Madrid continúa sin actuar”.
Sobre el documento en concreto, Vergés ha reiterado que Cataluña contempla aplicar las medidas restrictivas que recoge el plan en umbrales muy inferiores. La consejera teme que el plan de Sanidad “entre en colisión” con las directrices del Govern, que aplicará ese tipo de medidas antes. Además, ha dicho, puede generar “confusión de relato y de percepción de la gente de que hasta que hasta que se llegue a 500 casos por 100.0000 habitantes se estaría relativamente bien”, cuando este umbral es “realmente alto y escandaloso”, ha calificado.
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