Los desvíos de vacunas a personas a las que no les corresponde inmunizarse en esta fase del plan llegarán este jueves al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad pedirá a las comunidades autónomas “extremar el seguimiento, análisis y control de la aplicación de la estrategia, evitando cualquier desviación, detectando, en su caso, el uso indebido de las vacunas y aplicando las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para garantizar que los procesos de vacunación se llevan a cabo de acuerdo con lo acordado en dicha estrategia”.
Así lo recoge el borrador del acuerdo que el departamento de Carolina Darias, que se estrena esta tarde en su cargo, ha enviado a las comunidades autónomas, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La idea de Sanidad es conseguir el respaldo de los Gobiernos regionales para endurecer el rigor con el que se administran las dosis, aunque el documento no especifica cuáles deberían ser estas medidas “preventivas y correctivas”.
La picaresca que ha surgido en la administración de vacunas no estaba prevista en el plan. No había en él un mecanismo para vigilar ni sancionar que políticos, familiares de sanitarios o empleados se saltaran el turno para vacunarse. Las comunidades aseguran que estos casos son anecdóticos. Hasta el momento han saltado a la luz cientos, entre más de un millón de dosis administradas.
“El cumplimiento efectivo de la Estrategia de Vacunación frente a la covid-19 en todos sus términos es una obligación que incumbe a todos: poderes públicos y ciudadanía. No se trata solo de una cuestión de responsabilidad, sino también de solidaridad con la población más vulnerable y con quienes experimentan una mayor exposición al virus. Seguir fielmente las indicaciones de dicha estrategia, que son las que nos han dado los expertos en base a criterios científicos y éticos, constituye la mejor garantía para lograr superar con rapidez y eficacia la pandemia y, por ello, no son admisibles ni atajos ni desviaciones indebidas respecto de lo que entre todos hemos acordado”, expone el documento. En este sentido, pide a las comunidades “adoptar las decisiones que correspondan” para contar con los medios y las capacidades necesarias para afrontar las siguientes etapas del proceso de vacunación, “que vendrán determinadas por la aprobación de nuevas vacunas”, el incremento en la llegada de dosis y la extensión de la población diana a la que administrarla.
También hace referencia, aunque de forma indirecta, a los retrasos que se están produciendo en la llegada de las dosis, atribuyendo toda responsabilidad a la Unión Europea: “Debe ponerse en su justo valor este proceso de compra en el marco de la Comisión Europea y los grupos de trabajo en los que participa España. Es la UE quien negocia, quien firma los contratos, quien se encarga de su seguimiento y quien trabaja para su efectivo cumplimiento”.
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