Nicolas Sarkozy no se rinde. El expresidente francés cargó el martes, un día después de ser condenado por corrupción y tráfico de influencias, contra los magistrados que, en su opinión, llevan una décadas ensañándose con él. “He sentido la injusticia profunda, chocante, que siento por los procedimientos lanzados contra mí desde hace diez años”, dijo a Le Figaro, en una entrevista en la que se declara dispuesto a llevar su “combate” hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. “No puedo aceptar ser condenado por algo que no he hecho”.
Sarkozy ha recibido muestras de simpatía de políticos de un amplio espectro ideológico, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Las reacciones a la sentencia, que expresidente recurrirá, revelan dos actitudes. Primero, una solidaridad gremial de políticos que se sienten acosados por fiscales y jueces. Y segundo, la voluntad más o menos confesada de atraer a los restos del sarkozysmo: la derecha tradicional que tenía en el antiguo jefe de Estado a su último referente, y que hoy se encuentra más dividida y debilitada que nunca.
El expresidente de la República, que ocupó el cargo entre 2007 y 2012, ha sido condenado a tres años de prisión, de los que deberá cumplir uno, aunque podrá hacerlo en su domicilio bajo vigilancia electrónica. Tras el recurso ante el Tribunal de Apelación, sin embargo, la sentencia ha quedado en suspenso hasta que se celebre el nuevo juicio y se confirme, anule o modifique la decisión del Tribunal Correccional en primera instancia.
“Sarkozy condenado, Macron se saca de encima a un rival serio”, escribió en la red social Twitter de Jean-Luc Mélenchon, líder del partido populista de izquierdas La Francia Insumisa y candidato a las elecciones presidenciales de 2022. La condena, en efecto, dificulta a Sarkozy presentarse en 2022, una ambición que él negaba en público, pero que muchos le atribuían. Y, para el presidente Emmanuel Macron, desaparece un rival en potencia. Pero el tuit de Mélenchon, puede leerse de otra manera, como una vaga insinuación, entre irónica y conspiratoria. Quien la formula es un político, Mélenchon, que en 2019 fue juzgado por encararse a la policía durante un registro, y que se ha declarado, como Sarkozy, víctima de la “politización de la justicia”.
En el otro extremo, también lleva años denunciando el mismo encarnizamiento judicial Marine Le Pen, presidenta del Reagrupamiento Nacional, heredero del viejo partido de extrema derecha, Frente Nacional. Le Pen fue juzgada en febrero por difundir en Twitter imágenes de las atrocidades del Estado Islámico. Y está imputada en el caso de los supuestos empleos ficticios en su partido.
“En democracia, combatimos con ideas, políticamente, y no por medio de los magistrados, que de este modo deciden quién puede presentarse y quién no”, denunció el lunes Le Pen en una entrevista en la cadena de radio Europe 1. “El pueblo es soberano. Es quien decide, no los magistrados. Si no, esto es el gobierno de los jueces”. Le Pen atacó en esa entrevista a la Fiscalía Nacional Financiera, creada en 2013 bajo la presidencia del socialista François Hollande, y la describió como un órgano de excepción que se dedica a perseguir a la oposición política con métodos agresivos. Uno de estos métodos sería, según este argumento, la escucha de conversaciones entre un cliente -en este caso, Sarkozy- y su abogado y amigo íntimo, Thierry Herzog.
En sus conversaciones telefónicas, Sarkozy y Herzog hablaban de cómo obtener información sobre un caso en la Corte de Casación que afectaba al expresidente. Ambos decidieron pedir la información al abogado general de la corte Gilbert Azibert, amigo de Herzog. A cambio, le ofrecieron ayuda par obtener un puesto en el Consejo de Estado del Principado de Mónaco. Herzog y Azibert han sido condenados a la misma pena que Sarkozy.
El expresidente y sus abogados sostienen que no hay pruebas de “trama corrupta”. La trama fracasó: Sarkozy perdió el caso en la Corte de Casación y Azibert se quedó sin su cargo en Mónaco.”No había un céntimo en juego, nadie obtuvo ninguna ventaja, no hubo víctimas ni perturbación del orden público”, alega Sarkozy en Le Figaro. En otro momento afirma que “puede plantearse la cuestión de la parcialidad de algunos magistrados”.
Dirigentes de Los Republicanos (LR), el partido fundado por Sarkozy, ven en la sentencia una confirmación del mismo encarnizamiento que denuncian Le Pen o Mélenchon. Pero ellos se sienten particularmente dañados. No solo por los múltiples casos que acechan al expresidente desde que abandonó el poder. También fue la Fiscalía Nacional Financiera la que en plena campaña abrió una investigación a François Fillon, ex primer ministro de Sarkozy y candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de 2017, por los empleos ficticios de su esposa. Y así contribuyó a arruinar sus expectativas electorales cuando era el favorito. El centrista Macron ganó aquellas elecciones.
Desde entonces, LR no ha levantado cabeza. Ahora busca un candidato para 2022. El partido debe hacerse un hueco entre una extrema derecha que intenta presentar un rostro más moderado, y un macronismo que ha pasado de ser un movimiento con raíces en el centro izquierda a ocupar el centro derecha y parte de la derecha. Y Sarkozy, que para algunos era un último recurso en la recámara, ha quedado ahora fuera de juego.
Algunas de las figuras con mayor proyección de la derecha tradicional -heredera del partido de Jacques Chirac, presidente ya fallecido y condenado en 2011 a una pena de prisión exenta de cumplimiento- han desertado hacia el movimiento de Emmanuel Macron. Una de ellas es Gérald Darmanin, actual ministro del Interior y discípulo de Sarkozy, a quien ha declarado su “apoyo amistoso”. De las filas gubernamentales no se ha escuchado ni una mala palabra hacia el expresidente, que durante estos años ha mantenido una relación próxima con actual inquilino del Elíseo.
Es posible que el final político de Sarkozy se acerque, pero sus seguidores son un codiciado tesoro político, que tanto Le Pen como Macron se disputan.
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