El juicio por el llamado caso Bygmalion, aplazado en marzo al estar enfermo de la covid-19 uno de los abogados de la defensa, ha arrancado por fin este jueves sin que Nicolas Sarkozy, uno de los 14 acusados, estuviese presente en la sala. El antiguo presidente de Francia –hoy retirado de la política, pero todavía influyente en el campo conservador– ya fue condenado el pasado invierno a tres años de prisión por corrupción, aunque recurrió aquella sentencia. Este nuevo juicio sienta ahora en el banquillo, además de a Sarkozy, a colaboradores de su equipo de campaña, a responsables de la empresa de eventos y relaciones públicas Bygmalion, y a dirigentes del que fuera su partido, la Unión para un Movimiento Popular (UMP), rebautizado más tarde con su nombre actual, Los Republicanos (LR). Sarkozy, cuyo interrogatorio está previsto para la semana del 14 de junio, se expone a una pena de un año de prisión y 3.750 euros de multa.
El caso Bygmalion, que se extenderá previsiblemente hasta el 22 de junio, estalló al revelarse las prácticas financieras de la segunda y última campaña presidencial de Sarkozy, en la que se enfrentaba al socialista François Hollande, que finalmente ganó en las urnas. Para remontar los sondeos adversos, el entonces presidente –lastrado por la crisis económica y una personalidad que irritaba a muchos franceses– decidió darlo todo, física y financieramente. Y lo hacía a lo grande.
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En vez de los 15 mítines planeados, organizó 44. Y no eran mítines al uso. Los escenarios eran gigantes, como las pantallas. Los camerinos incluían bufés de lujo, ducha, incluso un mayordomo. Llegaban trenes de todo el país con militantes para llenar los pabellones. Los costes se desbocaron y Sarkozy acabó gastando 42,8 millones de euros, casi el doble del tope autorizado. Para disimular ese gasto excesivo e ilegal, se ideó una triquiñuela. La UMP –es decir, el partido, en vez de la campaña– asumió gran parte del gasto de la campaña. Pero debía justificarlo. Por eso la empresa Bygmalion emitió facturas falsas por organizar eventos que nunca existieron.
La incógnita ahora es averiguar qué sabía Sarkozy de todo aquel exceso. El expresidente se ampara en que, en el fragor de una campaña intensísima, no tenía tiempo para fijarse en asuntos contables, y, en este y otros casos judiciales, denuncia un ensañamiento contra él por parte de los magistrados. El juez instructor sostiene que Sarkozy, por su posición, debía haber velado por que sus colaboradores actuasen conforme a la ley y que se benefició de una inyección de dinero extraordinaria, aunque al final perdió ante el socialista Hollande.
Al destaparse el caso, en 2014, estalló una pelea a varias bandas entre los políticos que aspiraban a encabezar la derecha. El presidente de la UMP, Jean-François Copé, era amigo de los jefes de Bygmalion, lo que en un primero momento desvió las sospechas hacia él. Estaba al acecho el ex primer ministro François Fillon, que aspiraba a sustituir a Sarkozy y en 2020 acabó condenado a cinco años de prisión por los empleos ficticios de su esposa.
Se abrió por tanto un conflicto interno en la derecha francesa de la que, en vísperas de otra elección presidencial el próximo año, sigue sin recuperarse. Ahora, casi 10 años después de la campaña de Sarkozy contra Hollande en 2012, Los Republicanos, el partido heredero de la UMP, están divididos, sin programa y sin líder, y corren el riesgo de acabar absorbidos por el centroderecha que apoya a Macron y por la extrema derecha de Marine Le Pen. Desde entonces, no han vuelto a tener a uno de los suyos en el palacio del Elíseo.
Corrupción
En marzo pasado, además, un tribunal condenó a Sarkozy por corrupción al haber intentado sonsacar información a un fiscal a cambio de ayudarle a obtener un cargo en Mónaco. Y está imputado, sin fecha para juicio, por la supuesta financiación ilegal de su primera campaña presidencial, en 2017, con dinero de la Libia de Muamar el Gadafi. Cualquier sueño de regresar un día al poder se aleja, pero mantiene un ascendente en buena parte de la derecha, y cultiva una buena relación con el actual presidente, Emmanuel Macron.
Sarkozy no es el primer jefe de Estado francés en afrontar un juicio penal. Su predecesor, Jacques Chirac, fue condenado a dos años de prisión por malversación de fondos públicos y abuso de confianza cuando era alcalde de París, aunque no cumplió la pena.
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