La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal contra el juicio político que enfrenta ante el Congreso local.
La medida cautelar impide que se ejecute cualquier resolución derivada del procedimiento que implique la separación del cargo o la inhabilitación del mandatario, mientras el máximo tribunal analiza y resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, la suspensión no detiene el desarrollo del juicio político, por lo que el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las etapas procesales correspondientes.
De acuerdo con la resolución, publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la SCJN y relacionada con la controversia constitucional 386/2026, notificada el 13 de julio, la Corte determinó: “Se procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”.
Asimismo, el tribunal precisó que la medida cautelar no busca frenar el procedimiento legislativo, sino evitar que se materialicen posibles sanciones antes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia. En ese sentido, señaló: “Es importante reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”.
La SCJN argumentó que, de no otorgarse la suspensión, podría generarse una afectación de difícil reparación en caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia constitucional, “pues el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”.
“Además, con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”, dice la resolución.
La controversia constitucional fue presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del procedimiento de juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local. El proceso se originó a partir de una denuncia promovida por Morena, en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos.
El gobierno estatal ha sostenido que el expediente utilizado para sustentar el juicio político carece de pruebas suficientes y que únicamente contiene la identificación oficial de la persona denunciante, así como recortes y notas periodísticas.
Antes de la intervención de la SCJN, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León había concedido una suspensión provisional para detener temporalmente la votación relacionada con el juicio político.
Tras conocerse la resolución de la Corte, el gobernador Samuel García informó en redes sociales que el máximo tribunal había admitido la controversia constitucional y concedido la suspensión. “Acaba de publicar la SCJN la admisión y suspensión del juicio político (que le sigue la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León)”, escribió.
Por su parte, el asesor jurídico del Congreso local, Ricardo Tamez, afirmó que la suspensión otorgada por la SCJN es distinta al amparo concedido por la justicia federal, ya que permite que el Congreso y, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia continúen resolviendo el procedimiento. “En la Corte sí autorizan a resolver en definitiva al Congreso y por ende al Tribunal Superior de Justicia, y solo en el caso de que se sancione su destitución, se suspende su ejecución para separarlo”, señaló.