Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en la posibilidad de revertir la aplicación de la prisión preventiva oficiosa e inhabilitarla para que los jueces revisen caso por caso si esta medida cautelar está justificada.
“Ahora la Corte está en posibilidad de revertir esa situación para inhabilitar la prisión preventiva oficiosa y que los jueces, no sean utilizados, no sean instrumentados por el legislador, lo que les permitirá hacer un ejercicio de proporcionalidad donde veamos que efectivamente se justifica que una persona, independientemente del delito que se le imputó por el ministerio público, deba permanecer en prisión”, aseveró en Aristegui En Vivo.
Esto lo dijo en el contexto de que la SCJN analizará la sentencia que fue emitida desde hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que obliga a México a que la prisión preventiva oficiosa sea revisada caso por caso.
Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos.
Este 8 de mayo, Ontiveros explicó que la medida cautelar apareció en el 2008 para bajar los estándares de la vinculación a proceso y quitar el poder absoluto que tenían los ministerios públicos; explicó que una persona acusada de alguna de las 86 conductas delictivas que forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa no tienen beneficios adicionales, por lo que se quedan en prisión.
Foto: Archivo Cuartoscuro
“Lo que se dijo en el 2008, cuando se reformó la constitución, y después en el 2014, cuando se escribió el código penal de procedimientos penales, es que iban a bajar los estándares para los efectos de judicializar la investigación de los delitos, iban a bajar los estándares, de la, así denominada ahora, vinculación a proceso”.
“Bajo esos estándares muy bajos, si te imputa el ministerio público un hecho probablemente delictivo de los señalados en el catálogo, te quedas en prisión”, dijo.
El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales aclaró que es una mentira afirmar que si la corte decide eliminar la prisión preventiva oficiosa, automáticamente se va a liberar a las personas que se encuentran en prisión por esta medida.
“Los jueces frente ante la solicitud del ministerio público de imponer la prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional, que seguirá vigente hasta que sea reformado, tendrá que hacer el ejercicio que se hace cuando se justifica la prisión preventiva (…) si es idónea, si cumple con los acuerdos de la convención y si es necesaria, igual que lo hacen con aquellos casos de robos simples, o de delitos que no están en el catálogo del 19 constitucional, eso es lo que sucede en su sistema acusatorio digno de la democracia”.
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Por otro lado, luego de que los 32 gobernadores del país firmaron un llamado a la Corte para que considere no eliminar la prisión preventiva oficiosa, Miguel Ontiveros afirmó en que los mandatarios en lugar de estar preocupados por mantener a las personas en la cárcel, deberían girar las instrucciones necesarias para generar una política de prevención y persecución del crimen.
“Los gobernadores, en vez de estar preocupados por mantener a las personas en prisión, deberían estar preocupados por girar las instrucciones necesarias para generar una política criminal, estatal de prevención y persecución del crimen, y las fiscalías una política de persecución de los delitos más graves para los efectos de proteger los derechos fundamentales de las personas”, añadió.
“La seguridad pública no se resuelve con la prisión, esa es una concepción reduccionista, pensar que justicia es cárcel, la seguridad se genera, por ejemplo, fortaleciendo las policías municipales”, sostuvo.
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En otro tema, Ontiveros quien también fue representante legal del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó que la solicitud de la Fiscalía General de Justicia de una condena de 15 años de prisión en contra de exfuncionario va a salir a favor de Lozoya, pues el estado mexicano ya no tiene justificación para solicitar una pena ante la reparación del daño que se pagó por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“Mi parecer técnico es que la reparación del daño en ese caso ya está por demás, no garantizada, sino pagada por un coacusado que ya hizo un pago extraordinario fuera de lo normal, por lo cual el estado mexicano no tiene justificación, no solo para solicitar una pena, sino para cobrar dos veces a una persona (…) Yo creo que este asunto va a salir a favor de Emilio”, añadió.
Ve la entrevista completa:
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