Los funcionarios públicos o empleados del sector privado que denuncien actos de corrupción deben ser protegidos para evitar represalias o afectaciones laborales, señaló el comisionado del INAI, Joel Salas.
Para evitar que las personas que den a conocer posibles actos de corrupción en el gobierno y en el sector privado no enfrenten represalias o consecuencias negativas en lo personal o laboral, es necesario contar con una Ley de Protección de Denunciantes, expuso el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), Joel Salas Suárez.
El comisionado afirmó que tampoco existen incentivos para motivar la denuncia de parte de personas que atestiguan hechos de corrupción, por lo que la promulgación de una ley en la materia ayudaría a “combatir la corrupción desde el interior de las instituciones”.
“Tenemos que generar incentivos para que la gente denuncie, la caja negra de denuncias en este país es enorme”, declaró Salas, citando la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, que indica que solamente seis por ciento de los delitos se denuncian.
“Tenemos que generar incentivos para que la gente denuncie” señala @joelsas en su participación dentro del panel “los nuevos retos de la transparencia en el combate a la corrupción” ?? https://t.co/970814V6Gg pic.twitter.com/bojSh4fgrs
— Iniciativa Sinaloa (@IniSinaloa) June 10, 2019
Información, propiedad de los ciudadanos
Durante su participación en el foro “Nuevos retos de la transparencia en el combate a la corrupción”, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el comisionado Salas señaló que actualmente existe información pública, como las declaraciones patrimoniales, que puede ayudar a desmantelar las redes de corrupción.
En ese sentido, destacó que la participación ciudadana y las investigaciones periodísticas pueden proporcionar indicios a las autoridades.
“Ante un indicio o una filtración, yo creo que el recurso del acceso a la información, ya formalizado es muy potente porque es empezar a seguir la huella de una posible evidencia, que luego necesita los elementos suficientes para poder interponer la denuncia y hacer que las instituciones se activen”.
El comisionado indicó que “uno de los grandes desafíos consiste en que los ciudadanos se apropien de la información pública como una herramienta para evaluar el desempeño de las instituciones públicas”.
? Yo creo que en términos generales la nueva administración federal tiene una gran oportunidad de empezar a cerrar todos estos casos de corrupción que han salido a la luz pública. Ahora tenemos que darle seguimiento a qué hace la @FGRMexico en cada caso, @joelsas en #Monterrey pic.twitter.com/2CL6JYZAnT
— INAI (@INAImexico) June 10, 2019
La iniciativa en el Senado
En febrero de este año el senador Clemente Castañeda Hoeflich presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción, para facilitar e incentivar las denuncias y establecer las medidas de protección a las que tendrían acceso los servidores públicos y particulares que las realicen.
Las medidas de protección propuestas incluyen la asistencia legal y el derecho a mantener la confidencialidad de identidad, proteger la integridad personal, la dignidad y los bienes de las personas denunciantes.
Para los servidores públicos, esta Ley busca garantizar sus derechos laborales para no ser sancionados, destituidos o removidos de su empleo, y en el caso de los particulares, no podrán ser afectados en caso de que tengan una relación contractual con el gobierno.
A través de un comunicado, el senador de Movimiento Ciudadano precisó que la propuesta también reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, acciones encaminadas a fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Incentiva la denuncia, protege a los ciudadanos y busca completar un ciclo de reformas para contar con una política integral en esta materia”.