SANTIAGO DE CHILE — Un millar de policías fueron desplegados el viernes en los alrededores de Plaza Italia, la zona cero del estallido social en Chile, que amaneció además cercada por vallas, en un intento de las autoridades por desactivar las protestas más graves de las últimas tres décadas.
“Lo que buscamos es que los derechos de las personas que circulan o viven en el sector de Plaza Italia dejen de ser afectados”, explicó el intendente (gobernador) metropolitano, Felipe Guevara.
Plaza Italia es una rotonda que separa el centro de la capital chilena de los barrios más acomodados y que ha sido el epicentro de esta crisis, que comenzó el pasado 18 de octubre y ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas, además de provocar miles de heridos.
Las manifestaciones contra el desigualdad modelo económico y la represión comenzaron siendo multitudinarias y prácticamente diarias -el récord lo marcó la marcha del 25 de octubre con más de 1.5 millones de asistentes-, pero se han ido espaciando y ya suelen celebrarse solo los viernes.
Pese a que los Carabineros (Policía chilena) lograron contener en un principio a los manifestantes que acudieron este viernes a Plaza Italia convocados por las redes sociales, pasadas las 7:00 p.m. hora local centenares de personas se saltaron el cerco policial y comenzaron una protesta en el centro de la plaza, que derivó en algunos enfrentamientos con los agentes.
“Si alguien insiste en quedarse va a ser retirado del lugar por las policías (…) Se van a usar todos los medios y protocolos que la ley y autorice”, advirtió por la mañana el intendente.
“Lo que queremos es que los vecinos puedan ejercer el derecho que tienen de que la ciudad funcione (…) y en eso estamos trabajando, en devolverle la ciudad a los vecinos de nuestra región metropolitana”, agregó.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo, que ha dejado también episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Aunque las manifestaciones han perdido fuerza, sigue existiendo descontento en las calles y la crisis, la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), parece lejos de solucionarse, pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al acuerdo parlamentario para convocar un plebiscito sobre una nueva constitución.