El juicio del caso Odebrecht contra Keiko Fujimori, la líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, se reanudó este martes en Lima con la apertura de la audiencia previa en la que un juez decidirá si admite las pruebas y los testigos de la Fiscalía contra la excandidata presidencial y 40 acusados más, entre ellos su esposo, el estadounidense Mark Vito.
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Con esta audiencia se reanuda un proceso que quedó suspendido en marzo debido a que Fujimori estaba entonces inmersa en su tercera campaña electoral para las presidenciales. El fiscal provincial José Domingo Pérez acababa de presentar ese mes los cargos de blanqueo de capitales, organización criminal y obstrucción a la justicia contra Fujimori y el resto de acusados por haber presuntamente recibido 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales de 2011 y 2016. El partido de Fujimori no declaró dichos fondos a la autoridad electoral ni al fisco peruano, según sostiene la Fiscalía. Por esos delitos, el Ministerio Público pidió 30 años y diez meses de prisión para la hija del autócrata Alberto Fujimori y 22 años para su marido.
El proceso judicial se retrasó aún más porque los abogados de los acusados presentaron 15 recusaciones contra Víctor Zúñiga, el juez de investigación preparatoria a cargo de este expediente.
La fase de audiencia de “control de la acusación” —así la denomina el sistema judicial peruano—puede durar más de un año, porque el juez Zúñiga lleva otros casos relativos al crimen organizado, informó el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial de fiscales Lava Jato.
“El problema es del Poder Judicial que no tiene dedicación exclusiva al caso, los jueces tienen el caso como uno más de crimen organizado”, explica Vela. En el expediente del expresidente Ollanta Humala, también investigado por lavado de dinero en relación con la constructora Odebrecht, la fase previa al juicio oral tomó año y medio.
La excandidata presidencial afronta este proceso en libertad condicional y con la prohibición de abandonar el país y de comunicarse con los otros acusados y testigos del caso, salvo sus familiares y abogada. El juez le ha hecho incluso una advertencia expresa para que no vuelva a contactar con testigos del caso pues, de hacerlo, ordenará que vuelva a ingresar en prisión preventiva. Fujimori ya estuvo en la cárcel de enero a marzo de 2020, cuando fue liberada a causa de la pandemia del coronavirus . Durante la campaña electoral para la segunda vuelta de las presidenciales del 6 de junio, la excandidata participó en actividades públicas con tres testigos del caso: el portavoz de su partido Miguel Torres, la excandidata presidencial conservadora Lourdes Flores, y su asesor mediático de campaña Carlos Raffo.
En esta primera audiencia con la que se retomó este martes el juicio, el juez Zúñiga dio la palabra a una decena de acusados para que explicaran algunos de los 225 escritos que han presentado en los últimos meses, en los que cuestionan las pruebas presentadas por los fiscales o la tipificación de los delitos.
Mientras transcurre esta fase previa al juicio oral, Keiko Fujimori sigue activa en sus cuentas de Twitter y Facebook y en eventos públicos que promueven la vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo, y además impulsa una comisión investigadora parlamentaria de un fraude que no se ha demostrado en la segunda vuelta electoral. Asimismo, respalda las movilizaciones de ciudadanos y de un grupo de partidarios fujimorista y ultraderechistas llamados Los combatientes, que semanalmente se manifiestan con violencia cerca del Parlamento y de Palacio de Gobierno.
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