En respuesta a una solicitud de información pública, la Sedena dijo no contar con reportes que por norma está obligada a elaborar tras repeler agresiones.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar informes detallados sobre enfrentamientos con civiles ocurridos entre 2006 y 2018, resolvió el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
El 2 de noviembre de 2018, un grupo de académicos y periodistas, acompañados por el Programa de Política de Drogas del CIDE y la organización Artículo 19, solicitó a la Sedena los informes generados a raíz de enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada.
De manera específica, el grupo solicitó vía la Plataforma Nacional de Transparencia “versión pública y digital de los informes detallados del uso de la fuerza y/o los informes policiales homologados y/o cualquier expresión documental que ha elaborado la Sedena como Primer Respondiente en enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada y/o cuando la Sedena ha repelido agresiones de grupos de la delincuencia organizada”.
El 4 de diciembre de 2018 la Sedena informó que estaba reuniendo la información y solicitó una prórroga para responder, por lo que la respuesta finalmente llegó el 17 de diciembre de 2018. En ella, la Sedena argumentó que de acuerdo con los protocolos de actuación vigentes el personal militar no asume, bajo ningún concepto, la calidad de policía primer respondiente y por lo tanto no elabora informes policiales homologados.
La Sedena orientó a los solicitantes a pedir la información a la Procuraduría General de la República, pero éstos se inconformaron con la respuesta dando origen a un recurso de revisión, que fue turnado a la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena.
En el recurso, el grupo de académicos y periodistas argumentó que la respuesta estaba incompleta pues no sólo se pidieron los informes policiales homologados sino diversos informes sobre enfrentamientos que el Ejército está obligado a realizar de acuerdo con la Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.
“Las facultades y competencias de otras instituciones, en este caso la PGR, no son excluyentes para que la Sedena se abstenga de elaborar documentos que por disposición normativa debe producir”, añadió el grupo, que además calificó de “preocupante”que la Sedena niegue tener documentos que debe elaborar en estricto apego al Manual de Uso de la Fuerza, luego de que la CNDH en su recomendación sobre la ejecución de 22 personas en Tlatlaya pidió expresamente que se observara el Manual.
En sus alegatos dentro del recurso de revisión, la Sedena reclamó que los solicitantes estaban pidiendo una respuesta “a su entera satisfacción” y reiteró que no está obligada a entregar información que no se encuentra en sus archivos.
La ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena incluyó en su resolución una fracción del citado Manual que establece que “cuando en el lugar de los hechos resultaran personas civiles o militares muertos o heridos y se encuentre presente la autoridad civil, se procederá a (…) elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza”.
Además, la ponencia de Ibarra Cadena afirmó que, de acuerdo con el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, la definición de policía primer respondiente no solo alude a elementos de los cuerpos policiales con esa calidad sino a servidores públicos de las dependencias encargadas de la seguridad pública y, dado que la Sedena integra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una dependencia encargada de la seguridad pública del país.
Incluso, como resultado de una búsqueda en internet, la ponencia encontró el formato de llenado el Informe Policial Homologado que incluye un campo denominado “Institución/Unidad que informa” y entre cuyas opciones se encuentra la de “Sedena”.
La resolución presentada por Ibarra Cadena y aprobada por unanimidad por el resto del Pleno del Inai el 6 de marzo pasado determinó dar diez días hábiles a la Sedena, contados a partir de la notificación de la resolución, para que entregue la información solicitada desde un inicio por el grupo de académicos y periodistas.
El 6 de marzo pasado el Inai, en una resolución presentada por el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford y aprobada por unanimidad por el Pleno, ordenó a la Sedena informar sobre el número de civiles muertos en enfrentamientos con el Ejército de 2006 a 2018; la Sedena dejó de brindar información pública al respecto desde abril de 2014.