La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como el el gobierno y la Fiscalía General del Estado de México, mantienen una deuda con las víctimas de los hechos violentos ocurridos en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
Así lo expresó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de un comunicado de prensa, y resaltó que, a siete años de ocurridos estos acontecimientos, “todavía se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las personas en situación de víctimas.”
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“La CNDH considera que los derechos a la verdad, justicia y reparación son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental. Estos derechos configuran un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituyen un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios”, enuncia el comunicado de la Comisión.
La CNDH también externó su preocupación respecto al contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, al cual se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército Mexicano.
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“Se exhorta a la Sedena a esclarecer los mecanismos que se utilizan para implementar la fuerza letal a partir de la cadena de mando, la cadena de relevo y lo concerniente a la denominada Operación Dragón en el marco de las acciones en materia de seguridad que dichas fuerzas públicas, las cuales deben realizarse en todo momento con respeto a los derechos humanos de todas las personas”.
Por ese motivo, la Comisión reiteramos su llamado a las autoridades federales y estatales a atender integralmente la Recomendación 51VG/2014, y a “mostrar mayor voluntad política para que se realicen todas las diligencias necesarias a efecto de asegurar que las personas en situación de víctimas obtengan justicia, reparación del daño y garantía de no repetición y se lleve a cabo el debido proceso de las investigaciones penales”.
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“La Comisión Nacional realiza gestiones con diferentes actores de interlocución para proveer un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución que ratifique la convicción sobre la necesidad de que el debido cumplimiento y aplicación de la ley, asimismo la titular de este organismo nacional ratifica su compromiso con la verdad, la justicia y el acceso a la información por lo que instruye para que la víctima pueda acceder a la información contenida en el expediente y las documentales que en este se encuentran”, concluye la CNDH.
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