La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que se trate de un “quinazo”.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que el caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no es una “cacería de brujas“, sino la implementación del Estado de derecho.
Rechazó que se trate de un “quinazo” porque es una investigación que ya estaba en curso y destacó que el propio Raúl Cervantes, exprocurador General de la República, dijo que el expediente estaba completo y que eso era “una buena señal”.
La funcionaria señaló que en México ya comienzan a aparecer algunas señales del caso de corrupción internacional Odebrecht y destacó la importancia de respetar lo que las instancias de procuración e impartición de justicia determinen.
Subrayó que una característica de la Cuarta Transformación es la autonomía de los fiscales, tanto el federal como los de las diversas entidades federativas, y que ella misma, con 25 años de experiencia en el Poder Judicial Federal, buscó autonomía y ahora no intervendrá en las decisiones que se tomen.
“Si no empezamos a construir un Estado de derecho con las diversas responsabilidades y competencias, y las respetamos, no podemos avanzar. Éstas eran investigaciones que ya estaban en curso, pero tampoco, como dice el presidente, las vamos a apagar“, puntualizó.
Esta mañana, el presidente López Obrador dijo que las investigaciones contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, y el exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, se iniciaron durante la administración anterior y son procesos que ya venían de tiempo atrás.
“En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior. Nosotros desde luego que lo conocemos bien, ayer hablamos del tema, fue la compra de una planta de fertilizantes”, detalló durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“El que vendió la planta y quienes compraron la planta fueron denunciados en su momento, porque hay auditorías y está demostrado que hubo un sobreprecio, muchísimo dinero pagado de más. Entonces, esto es lo que llevó a la Fiscalía General de la República a solicitar estas órdenes de aprehensión”, añadió.
“Nosotros no podíamos voltear la hoja, cerrar los expedientes, porque en el caso de esta planta, además de lo que se destinó del presupuesto público, que es dinero del pueblo, a la compra, se autorizó un crédito también de 300 o 400 millones de dólares adicionales”, dijo.
Indicó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), la que va a “decidir si se ciñe, si se acota a los presuntos responsables ahí señalados o se amplia”, pues son “presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces”.
Añadió que las órdenes de aprehensión contra el extitular de Pemex y el empresario son asuntos que estaban en curso: “Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados”.(Ntmx)
