Las principales organizaciones de autónomos y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abordarán este lunes en una reunión que tendrá lugar a las cinco de la tarde la prórroga de la prestación por cese de actividad, que caduca ―igual que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)―, el próximo 31 de enero. De la ampliación del plazo para cobrar esta ayuda depende el futuro de los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia que componen un colectivo que se ha visto directamente afectado por las consecuencias económicas de la covid.
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Según los datos del departamento que dirige José Luis Escrivá, el pasado mes de diciembre la Seguridad Social abonó más de 248 millones de euros en concepto de ayudas por cese de actividad a un total de 349.342 autónomos, y tomando como referencia el mes de marzo ―cuando se decretó el primer Estado de Alarma―, el montante en prestaciones asciende hasta los 4.924 millones de euros. En este grupo de beneficiarios se encuentran todos aquellos autónomos que se han visto obligados a suspender su actividad de forma temporal por las restricciones impuestas para controlar la pandemia, aquellos que reciben la prestación compatible con su actividad y quienes han declarado una merma de sus ingresos por la covid, y que acceden a la extraordinaria.
Según el último barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), las pérdidas para el colectivo de trabajadores por cuenta propia ascendieron a lo largo de 2020 hasta los 65.000 millones de euros, con una media de 30.000 euros para uno de cada tres autónomos. El informe también recoge que 400.000 negocios permanecen cerrados en estos momentos a consecuencia del coronavirus, y que entre los que permanecen abiertos, algo más de la mitad (56,6%) están funcionando al 50%.
Ayudas directas
La necesidad de ampliar el plazo para seguir accediendo a esta ayuda, que para muchos toma la imagen de un salvavidas, ha sido el caballo de batalla para organizaciones como ATA, que han denunciado que no se haya abordado su prórroga mucho antes para tratar de generar algo de certidumbre dentro de un colectivo que no hace más que echar números continuamente para valorar su viabilidad futura. “Tras varias reuniones sobre los ERTE ―aún sin resolver―, los autónomos seguimos siendo los últimos en ser convocados”, se quejó recientemente Lorenzo Amor, presidente de ATA. Desde esta organización, además de un aumento del plazo, solicitan que se elimine el requisito para acceder a la prestación que obliga a haber sido beneficiario del cese de actividad entre marzo y junio, del mismo modo que exigen una exoneración de la cotización para los autónomos, similar a la de los trabajadores del Régimen General en los ERTE, para aquellos que tengan restringida su actividad. “No es lógico que quien no puede realizar su actividad al 100% pague cotizaciones al 100%”, dejó claro ATA.
En cuanto al plazo de ampliación de las ayudas, desde la Unión de Porfesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) solicitan al Gobierno que se extienda al menos hasta el próximo mes de abril, y en Uatae reclaman ayudas directas para un colectivo que “no puede pasar más tiempo sin que se mejoren sus condiciones”.
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