Decir que el mando de la Guardia Nacional es civil es una mera formalidad sin sustancia, opinó el colectivo; presentaron una propuesta con 7 elementos.
Colectivo #SeguridadSinGuerra hizo un llamado este martes a los miembros del Congreso de la Unión para rechazar el dictamen y las propuestas de modificación hechas por la mayoría legislativa, no aprobarlo en el periodo extraordinario que iniciaría el próximo miércoles y a replantear la discusión del modelo de seguridad que requiere México.
De acuerdo con un comunicado, el colectivo indicó que decir que “el mando de la Guardia Nacional es civil es una mera formalidad sin sustancia”, por lo cual el dictamen y las propuestas para modificarlo, crean un cuerpo de carácter militar, con facultades de realizar de forma permanente tareas de seguridad pública.
Por lo tanto, el colectivo rechazó la creación de la Guardia Nacional y otorgar facultades permanentes a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores de seguridad pública.
Las propuestas para modificar algunos puntos del dictamen de reforma constitucional con la supuesta intención de convertir la Guardia Nacional en un instrumento de seguridad pública civil, es una simulación.
El comunicado también expresa lo siguiente:
La creación de un nuevo cuerpo de seguridad debe garantizar su inequívoco carácter civil. Para ello es innecesaria una reforma constitucional.
El dictamen de la Cámara de Diputados, que plantea reformar la constitución para crear la Guardia Nacional, conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos, implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia, lo que cierra las puertas a un modelo de seguridad sostenible, civil y profesionalizado de largo plazo y, con ello, a la construcción verdadera de paz.
La propuesta del nuevo gobierno y la mayoría legislativa, con todo y las propuestas de cambios que circulan desde este lunes, faculta expresamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar tareas de seguridad pública, al establecer cambios en el artículo 21, afirmando que la Guardia Nacional forma parte “de la dependencia del ramo de la defensa nacional en lo que respecta a estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación”.
Además, en la propuesta para el artículo 13, se establece el fuero militar para la Guardia Nacional al señalar que “las faltas a la disciplina militar a los que incurran los miembros de la Guardia Nacional serán conocidos por las autoridades militares correspondientes”.
Queda claro que si la naturaleza de la Guardia sigue siendo militar, llamarla civil no reducirá los riesgos latentes de violación a los derechos humanos, impunidad y opacidad de operación de la seguridad pública. Mientras sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien encabece la estrategia y operación de la Guardia, la naturaleza de la guardia sigue siendo militar. La hace, eso si, un intento de engaño más en el que la Ley de Seguridad Interior fue solo el más reciente capítulo.
A #SeguridadSinGuerra le preocupó la declaración del Presidente, al afirmar que “acerca del mando, la propuesta es que lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa”, lo cual muestra que las audiencias llevadas a cabo la semana pasada fueron una simulación así como el supuesto consenso para dotar a la Guardia Nacional de un mando civil, expresado por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, hacemos público nuestro informe sobre todo el proceso legislativo de este nuevo proyecto de militarización de la seguridad pública, en el que destacamos la ausencia de la voz de víctimas de la violencia, damos cuenta de lo expresado en las audiencias de la semana pasada y presentamos una propuesta alternativa al paradigma a la seguridad militarizada a partir de siete elementos imprescindibles. Estos están basados en la convicción de que los problemas de violencia e inseguridad que vive el país deben abordarse de forma integral, sin necesidad de trastocar la Constitución:
- Respeto a la Constitución vigente y a los tratados internacionales.
- Adopción de medidas excepcionales, como el uso del ejército en tareas de seguridad
pública, sólo a partir de los mecanismos ya previstos: regulación de los artículos 29
y 119. - Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
- Profesionalización de las policías civiles. Cualquier esquema o cuerpo de seguridad debe ser de mando y disciplina civil como establecen el marco constitucional vigente y el derecho internacional aplicable.
- Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública.
- Regulación en Ley del uso de la fuerza.
- Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad.
La militarización es incompatible con un proyecto de construcción de paz. Si queremos reducir la violencia, debemos hacer las cosas distintas.