A las diez de la mañana de este martes, un pequeño grupo de seis personas hacía cola en el Museo del Prado. Al entrar, pasaron el control de temperatura y se dirigieron directamente al corazón de la pinacoteca. La sala 12, donde se encuentran Las Meninas de Velázquez. El grupo, visiblemente nervioso, no tenía tiempo que perder. En lugar de observar lo que había delante de sus ojos, se giró. Los seis dieron la espalda a las infantas y al mismísimo Velázquez. Algunos se quitaron las camisetas, otros se pusieron unas negras de manga corta encima. Al final, incluso, sacaron una pancarta de la mochila: “40 años envenenados y condenados a vivir como en 1981 por el abandono del Estado. Víctimas: enfermas aceite de colza”. Los turistas que deambulaban por allí no daban crédito.
Los agentes de seguridad de la sala avisaron a los responsables. La situación, durante un momento, se puso bastante tensa, según fuentes del Museo del Prado. Un miembro del grupo amenazó con ingerir una gran cantidad de pastillas. “Nos decían que o les atendía Pedro Sánchez o ingerían las pastillas”, asegura un portavoz. La sala se desalojó de inmediato. Allí se quedó el grupo, solo, junto a los agentes de seguridad, las infantas y el pintor Velázquez. Minutos más tarde, llegaron un grupo de agentes de la Policía Nacional, que identificó a los seis manifestantes. La reivindicación duró alrededor de 40 minutos. La Policía y varios miembros del Museo del Prado trataron de mediar con ellos para que se fueran cuanto antes, en vano. Ante la negativa, dos de ellos fueron detenidos. Más tarde, tres de ellos atendieron a este periódico en la cafetería del museo.
“No han tenido vergüenza”, cuenta el salmantino Miguel Ángel Sánchez, de 52 años, junto a la mostoleña Mercedes García, de 61, y la madrileña Agustina Velázquez, de 79. Los tres fueron víctimas del aceite de colza. “El Gobierno no ha tenido la dignidad de recibirnos después de 40 años”, dice Miguel Ángel, visiblemente afectado por el revuelo mediático. “Nosotros hemos hecho esto para que nos reciba el presidente Pedro Sánchez o alguno de sus ministros. No buscamos llamar la atención. O salíamos de ahí o nos sacaban”. Dicen que la idea de encerrarse en la sala 12 del Museo del Prado se les pasó por la cabeza hace unos días. Los seis acordaron que fuera este martes y sobre las diez de la mañana. “Nosotros somos pacíficos”, insiste Miguel Ángel. “No hemos dañado nada. Nos han dicho que ahí no podíamos estar. Que o nos íbamos de Las Meninas o nos sacaban”. Y así fue. Dos de ellos fueron detenidos, uno se marchó al encontrarse indispuesto y los otros tres se quedaron para atender a los medios. A las doce del mediodía todos estaban fuera del museo.
“Yo llevo desde los 11 años con este síndrome tóxico”, afirma Miguel Ángel. “No he podido trabajar nunca”. Mercedes García, por ejemplo, contrajo la enfermedad mientras estaba preparándose para unas oposiciones a las que nunca pudo presentarse. “Tenía calambres, no podía dormir, era incapaz de darle a una tecla de una máquina de escribir”, explicó a este periódico en un reportaje publicado en 2017. Las cifras del síndrome tóxico, como se le denominó en un primer momento, dejaron alrededor de 25.000 afectados en una veintena de provincias y más de 300 muertos. EL PAÍS cubrió un tema que se consideró de “emergencia pública” y de “epidemia”, sobre todo en los primeros meses en los que la virulencia del envenenamiento se intensificó. Fue a principios de los años ochenta. El caso del aceite de colza fue el primer envenenamiento masivo de la historia de España.
El fraude provenía de la mezcla que algunas empresas llevaron a cabo a la hora de procesar el aceite. Estos mezclaban varios componentes, obteniendo como resultado un producto adulterado para uso industrial. Acto seguido, se vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control. Una de las empresas más activas fue RAELSA, ubicada en Alcorcón, causante de la mayor parte del envenenamiento en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
El goteo de almacenes clandestinos y negocios fraudulentos desmantelados por la policía con relación al aceite de colza no paró de aumentar durante esa década, tal y como escribió el periodista Daniel Muela en un especial publicado durante el 40º aniversario en EL PAÍS. En poco más de un año, el Gobierno de entonces recogió más de 750.000 litros de producto presuntamente tóxico. El caso llegó a la Audiencia Nacional el 30 de marzo de 1987. Estaban acusados 38 empresarios del colectivo aceitero. El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, pidió penas de más de 10.000 años de prisión para los ocho principales acusados. El proceso judicial se prolongó año y medio.
El 20 de mayo de 1989 se conoció la sentencia. Durante el proceso judicial, la defensa de los acusados argumentó que el origen de la intoxicación no provenía de la manipulación del aceite sino de una serie de partidas de tomates rociados con pesticidas provenientes de Almería. Solo dos de los acusados fueron condenados a 20 y 12 años de cárcel, respectivamente. 40 años después, seis de los afectados entraron al Museo del Prado. Tres de ellos no han querido precisar con exactitud las ayudas que cobraron. “Fueron muy pocas”, insiste el salmantino Miguel Ángel, que este martes pisaba por primera vez el Museo del Prado.
― ¿Le han gustado Las Meninas?
― No me dio tiempo a mirar mucho. Es un cuadro muy grande.
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