Por unanimidad, con 106 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por lo que fue devuelta a la cámara baja para la revisión de la treintena de cambios aprobados al dictamen original.
Entre las modificaciones propuestas por la oposición y aceptadas por los legisladores, destaca la eliminación de la obligación de los congresos locales de acatar las resoluciones de la Cámara de Diputados sobre el desafuero de gobernadores.
En ese sentido, los diputados solo enunciarán la declaración de procedencia y lo comunicarán a las legislaturas locales para que éstas procedan de acuerdo con sus atribuciones. Las resoluciones sobre el retiro del fuero a los gobernadores serán inatacables.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, celebró el acuerdo, al que se llegó “por consenso y la buena política”.
“El dictamen no podía ser fruto de la imposición irreflexiva de la mayoría”, mencionó, al tiempo que dijo que “de haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos fueran usados con propósitos políticos ajenos a los de su objeto constitucional”.
“En el caso del enjuiciamiento con responsabilidad penal del presidente de la República se abría un escenario de crisis política poniendo en riesgo la estabilidad en nuestro país y finalmente era seguro que el destino del decreto del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte y más tarde la invalidez de la norma”, mencionó.
Durante su intervención, el senador morenista Julio Menchaca pidió que la aprobación de la ley sea un mensaje a la nación de que los senadores tienen “toda la voluntad de escuchar las voces, de atender a la representación de las entidades federativas y transformarlas en leyes que reclama la sociedad mexicana”.
Reconoció el trabajo político de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como de los coordinadores parlamentarios y el grupo de trabajo que acordó las modificaciones a la minuta para que se ajustara al marco constitucional.
“Que no se escude en el fuero ni en la responsabilidad de un puesto público para agraviar a la sociedad mexicana”, dijo, porque el combate a la corrupción va en serio y no solo es un lema de campaña.
Mientras tanto, el senador panista Damián Zepeda señaló que la ley aprobada “mejora los procedimientos por los cuales sí se puede hacer sujetos de responsabilidad a los servidores públicos”.
“Es falso que no se pueda procesar un servidor público, hay responsabilidad administrativa derivada de la Constitución”, aseguró. Explicó que el juicio político sólo procede “para casos de violaciones graves de la Constitución o las leyes federales o malversación de recursos públicos, ante la Cámara de Diputados y el Senado recibe la sentencia y sólo procede destitución o inhabilitación, eso es el juicio político”.
El senador morenista Germán Martínez Cáceres explicó que la minuta enviada por los diputados “mantiene ese ambientito de impunidad y descarada complicidad con los gobernadores. Algo huele a podrido desde San Lázaro”.
Agregó que “el amasijo legal” que hicieron los diputados aporta poca claridad a los procedimientos y hace inoperante la facultad exclusiva de las y los diputados de remover el fuero, por lo que reedita el pacto de impunidad de la clase política para que ningún gobernador ni nadie rinda cuentas. Señaló que el Senado es “custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes”.
Source link