La Jucopo envió un oficio a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, para que no se debata en el pleno de la Cámara alta el dictamen que busca frenar la subcontratación de personas por terceros.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado frenó el debate en el pleno sobre la iniciativa con proyecto de decreto de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontrataciones, conocidas como “outsourcing”.
De acuerdo con un oficio que remitió Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, los coordinadores parlamentarios llegaron a ese acuerdo por considerar a esa propuesta de más relevancia.
Monreal Ávila justificó que la solicitud se hizo dado que la iniciativa “tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera más eficaz el régimen de subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, por lo que al requerir de mayor reflexión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada por esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo la figura de Parlamento Abierto”.
En el documento dirigido a Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, se indicó que el dictamen de esa propuesta se aprobó este martes en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos, Segunda, que preside Napoleón Gómez Urrutia.
En el oficio se plantea la necesidad de discutir esa iniciativa con “la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados”, es decir en ejercicio de parlamento abierto, antes de llevarla al pleno del Senado.
Previamente en conferencia de prensa el senador morenista, Napoleón Gómez Urrutia indicó que se busca regular la subcontratación para que deje de ser ilegal, aunque aclaró que no se eliminará el llamado outsourcing.
Se propone, dijo, que las empresas dejen de evadir impuestos, eliminar “factureros” y no perjudicar a los trabajadores, pues por lo menos ocho millones de ellos se encuentran en ese sistema de contratación “ilegal”, lo que representa que al menos 50 mil millones de pesos no lleguen al Seguro Social.
