La sentencia de cadena perpetua dictada en Estados Unidos contra Ismael “El Mayo” Zambada debe entenderse como un hecho que exhibe las debilidades estructurales del sistema de justicia mexicano y obliga a cuestionar por qué un personaje de esa dimensión criminal nunca enfrentó un proceso similar en México, sostuvo Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, el especialista planteó que la resolución judicial representa un “momento paradigmático” para analizar el funcionamiento del Estado mexicano y sus instituciones de seguridad y justicia.
López Portillo explicó que la pregunta sobre por qué la condena ocurrió en Estados Unidos y no en México remite a una revisión histórica del sistema político nacional. En su opinión, la conformación del poder en el país no puede entenderse sin considerar la “simbiosis” con distintos poderes ilegales.
Añadió que, desde esa perspectiva, la aplicación de la ley ha dependido históricamente de decisiones políticas y no de un Estado de derecho consolidado.
El académico sostuvo que, si esa interpretación es correcta, entonces México debe explicar por qué, pese a décadas de investigaciones periodísticas, académicas y de organismos internacionales sobre delincuencia organizada, esa información no se ha traducido en procesos penales que concluyan en condenas.
“¿Cómo es posible que se produzca tanta investigación periodística, académica, de sociedad civil, de organismos internacionales, y esa evidencia no se convierta en un saber penal comprobado en juicios que derive en condenas como esta?”, cuestionó.
Consideró que la impunidad no debe verse únicamente como una falla institucional, sino como un elemento funcional dentro del sistema político. “La impunidad, en lugar de ser leída como un pasivo, como un problema del sistema político, debe ser leída como un ‘activo’ del sistema político. Es decir, la impunidad es una herramienta de negociación de la ley”, afirmó.
Según López Portillo, esa lógica ha impedido el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras la criminalidad organizada se ha expandido y diversificado, dijo, el Estado ha perdido capacidad para contenerla.
El investigador señaló que diversos índices internacionales ubican a México entre los países con mayor influencia del crimen organizado y que, pese a ello, no se han producido cambios capaces de revertir esa situación. Añadió que actualmente existen alrededor de 500 grupos delictivos de distintos tamaños y ámbitos de operación, desde organizaciones municipales hasta redes con presencia nacional.
Frente a ese escenario, sostuvo que el país debe reconocer una “verdad insoportable”. “El Estado y la delincuencia organizada viven en simbiosis”, afirmó.
López Portillo consideró la percepción de que un proceso de esta naturaleza no podría desarrollarse en México forma parte de un fenómeno de “aprendizaje de la resignación”, alimentado por la repetición cotidiana de hechos de violencia y la persistencia de la impunidad.
“Ha terminado por alimentar, modelar nuestra resignación”, señaló al explicar que la sucesión constante de episodios delictivos no ha derivado en una mayor movilización social para exigir cambios estructurales.
En ese sentido, destacó la fuerza simbólica que tiene la condena de Zambada porque rompe con la idea de que un personaje de ese nivel jamás enfrentaría consecuencias judiciales.
Recordó además que desde finales de la década de 1980 existían análisis oficiales que advertían el crecimiento del poder de las organizaciones criminales y la disputa por las rutas del narcotráfico, mientras que en los años noventa comenzaron a registrarse aseguramientos de grandes cargamentos de cocaína. Sin embargo, afirmó que el Estado mexicano nunca desarrolló una política orientada a someter a esos grupos.
“El Estado mexicano no construyó una política de Estado de sometimiento de las organizaciones criminales; en cambio, el Estado mexicano ha consolidado una política de Estado de coexistencia con los grupos criminales”, aseguró.
Añadió que las alternancias políticas, las reformas institucionales y los cambios en el sistema penal no modificaron esa situación. Como ejemplo, mencionó el crecimiento del rezago en las fiscalías, al señalar que, de acuerdo con datos recientes, existen alrededor de 2.5 millones de carpetas de investigación pendientes, frente a las cerca de 500 mil que había una década atrás.
Para el especialista, esa evolución demuestra que el problema no responde a errores aislados, sino a una lógica sostenida en el tiempo. “Esto no es fortuito. Esto es una política de Estado”, afirmó.
A partir de ello, sostuvo que México enfrenta un “brete histórico” y que la sentencia contra Zambada debe servir para reconocer la magnitud de la crisis institucional. Asimismo, llamó a impulsar liderazgos políticos, sociales, culturales y académicos capaces de cuestionar la normalización de la impunidad y promover una reconstrucción estructural del sistema de seguridad y justicia.
También argumentó que los episodios recientes de violencia extrema no deben entenderse únicamente como problemas de seguridad pública, sino como manifestaciones de espacios donde existen formas de gobernanza criminal que disputan o sustituyen la autoridad del Estado.
Afirmó que las universidades deben contribuir al análisis de las causas profundas de la crisis y no limitarse a describir sus consecuencias. “No nos toca ser parte del relato solamente, sino de interpretar el relato de una crisis masiva, sistémica, crónica y estructural”, expresó.
López Portillo concluyó que “cada persona resignada es parte de la normalización de la impunidad”.