El expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso tres nuevas sanciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en el ejercicio 2019.
A través de un comunicado la SFP anunció que dos funcionarios fueron inhabilitados por seis meses. Uno de ellos había sido suspendido previamente y el otro destituido de su cargo. También reportó la suspensión por medio año a una servidora pública.
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La secretaria Irma Eréndira Sandoval precisó que “las tres sanciones derivan de las auditorías que realizamos entre 2019 y 2020, a raíz de denuncias ciudadanas”.
El funcionario que ya había sido separado de su cargo autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas, mientras que la Jefa de Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria aprobó y autorizó de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales.
El entonces Subdirector de Calidad para el Deporte, quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública, omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades.
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“Las sanciones se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios. A la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade”, añadió la SFP.
De las investigaciones realizadas por Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade se desprenden también presuntas faltas tipificadas como graves relacionadas con la entrega indebida de recursos, por tal motivo el expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.
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“La Secretaría de la Función Pública enfatiza que en el actual Gobierno de México la ciudadanía se ha convertido en uno de los principales agentes para la fiscalización, con la finalidad de combatir y prevenir los actos de corrupción y acabar con la impunidad”, concluye el comunicado oficial.