También fueron sancionados otros dos funcionarios por autorizar de manera irregular donativos por 59 millones de pesos al “Museo de Museos” que nunca se concretó.
La exsecretaria de Cultura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, María Cristina García Cepeda, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se le impuso una multa superior a los 19 millones de pesos, por provocar un daño al erario al destinar recursos al “Museo de Museos” que nunca se concretó.
A través de un comunicado, la SFP anunció que también se sancionó al exoficial mayor y a la exdirectora general de Administración de la dependencia, por autorizar de manera irregular donativos por 59 millones de pesos a este proyecto.
El comunicado detalla que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los exfuncionarios sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar dichos donativos a una asociación civil para la realización del proyecto que se ubicaría en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble.
“La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, enuncia el comunicado.
Por tales irregularidades, el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada uno de los tres exfuncionarios responsables.
La extitular de la Secretaría Cultura es la segunda secretaria de Estado de la administración pasada en ser sancionada por la actual SFP. La primera fue la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, quien fue inhabilitada en septiembre de 2019 por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial.
“A diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, nosotros no permitimos que queden impunes los abusos del servicio público, nos esforzamos por sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerla de arriba hacia abajo”, advirtió la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.