La Secretaría de la Función Pública (SFP) niega haber obstruido la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019.
Luego de que la ASF publicara en uno de los informes de auditorías que la SFP había mostrado resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval negó dichos señalamientos.
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A través de un comunicado, la SFP afirmó que se atendieron en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la ASF.
“No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor. Por el contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en apego a las mejores prácticas de auditoría”, enuncia el comunicado.
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La SFP dio a conocer tres puntos:
- Es falso que se hubiera retenido información para los auditores. En los casos de excepción, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de manera fundada y motivada las razones que justificaban dicha imposibilidad.
- En ningún momento la Función Pública negó acceso a sus expedientes. Por ejemplo, se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, a fin de que verificara que se cumple con el debido proceso; sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.
- Es incorrecto que se negara la comparecencia de servidores públicos. Sobre la solicitud de realizarles entrevistas, se expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo, no hubo respuesta por parte de la ASF.
El comunicado recalca que la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni solicitud alguna de aclaración hacia la SFP.
“Lo único que recibimos de la ASF fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación”, señala el documento.
Sin embargo, la SFP reconoció que las condiciones de fiscalización “fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En este sentido, la Administración Pública Federal (APF) siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información”.
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También se expone que la revisión del ejercicio 2019 “se dio en un contexto de transformación institucional en la APF, que ha implicado la construcción de un nuevo andamiaje normativo y organizacional que inició en los primeros minutos del actual gobierno y por su magnitud aún continúa”.
“Esta situación no fue considerada suficientemente en algunas auditorías a las que las Dependencias y entidades de la APF seguirán dando atención con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública”, concluye el comunicado.
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