La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para impedir que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan una doble nacionalidad.
La propuesta establece que las personas candidatas deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro electoral y conservar únicamente la mexicana durante el ejercicio del cargo.
Sheinbaum explicó que la iniciativa busca garantizar que quienes encabecen los Poderes ejecutivos federal y estatales antepongan los intereses de México a los de cualquier otro país.
“Para ello le pedí a Luisa María Alcalde, consejera jurídica, que pueda presentar esta iniciativa”, dijo la presidenta durante su conferencia matutina.
Precisó que el proyecto fue revisado durante los últimos dos días por Alcalde y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno y ministro en retiro de la Suprema Corte.
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, explicó que actualmente los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen requisitos relacionados con la nacionalidad para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, mientras que el artículo 32 señala que los cargos que requieren ser mexicano por nacimiento están reservados a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
Según Alcalde, esa redacción ha generado “un vacío” y “confusiones interpretativas”, debido a que no establece de manera expresa qué debe ocurrir cuando una persona mexicana por nacimiento también posee otra nacionalidad.
Por ello, la iniciativa plantea establecer que para ser presidente o presidenta de México se deberá ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y, si se cuenta con una, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato.
El requisito también se trasladaría a las gubernaturas de los estados y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta contempla, además, que durante el ejercicio del cargo la persona gobernante no pueda adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante autoridades extranjeras.
Asimismo, quedaría prohibido utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer ante ese país los derechos políticos derivados de su ciudadanía o acogerse a su protección diplomática.
La contravención de estas disposiciones, de acuerdo con la propuesta presentada por Alcalde, sería sancionada conforme al Título Cuarto de la Constitución, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos.
Alcalde señaló que, una vez aprobada la reforma constitucional, el gobierno propondrá modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad pueda renunciar a una de ellas ante las autoridades correspondientes.
El procedimiento incluiría acudir ante el Instituto Nacional Electoral (INE) antes de solicitar el registro como candidato y cumplir los pasos necesarios para acreditar la renuncia a la otra nacionalidad.
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación y al tratarse de una reforma constitucional, deberá seguir el procedimiento previsto para modificar la Carta Magna.
La propuesta comenzó a perfilarse el martes 25 de agosto, cuando Sheinbaum planteó públicamente la posibilidad de impedir que presidentes y gobernadores tengan doble nacionalidad. Un día después, sostuvo que la medida buscaba cerrar una posible puerta al “injerencismo” extranjero.
La discusión también ocurrió después de que la presidenta se refiriera al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense y cuya extradición ha sido solicitada por México a Estados Unidos.
Durante la presentación, el ministro en retiro Arturo Zaldívar también se refirió a los criterios judiciales sobre los derechos políticos de personas sujetas a procesos penales, incluidas aquellas contra quienes existe una orden de aprehensión.
Explicó que la Suprema Corte ha establecido que las personas procesadas pueden conservar su derecho a votar, criterio que posteriormente permitió ampliar la participación electoral a personas recluidas sin sentencia.
Una orden de aprehensión (…) no impide que alguien se registre para poder ser candidato.
El coordinador general de Política y Gobierno aclaró que no se refería a ningún caso particular y advirtió que permitir que una orden de aprehensión impida una candidatura podría generar escenarios en los que se utilice ese recurso para excluir a una persona de una contienda electoral.
A su juicio, si una persona con una orden de aprehensión buscara postularse a un cargo de elección popular, correspondería al Tribunal Electoral determinar el caso.
Sin embargo, consideró que, con base en los precedentes existentes, podría prevalecer un criterio “garantista” que permita a la persona competir.
Zaldívar distinguió este supuesto de otro en el que, durante el proceso electoral, una persona sea vinculada a proceso y se le imponga prisión preventiva. En ese escenario, señaló, “por razones obvias” ya no podría competir ni ejercer el cargo.
El ministro en retiro también recordó que los criterios actuales son distintos de los que prevalecían cuando Andrés Manuel López Obrador fue desaforado en 2005.
Señaló que entonces prácticamente cualquier cuestión de carácter penal podía impedir el registro de una candidatura, mientras que en aquel caso se buscó retirarle el fuero y procesarlo antes de que fuera candidato.
Según Zaldívar, la evolución de estos criterios deberá considerarse ante cualquier eventual caso de una persona con una orden de aprehensión que pretenda contender por un cargo de elección popular.