En Guatemala, aún están abiertos procesos penales por genocidio y crímenes cometidos en la época del dictador José Efraín Ríos Montt, quien ya falleció. La justicia ha avanzado a niveles insospechados para un país como este.
“Llevando la reflexión a México: si los más altos cargos del Ejecutivo, los ex jefes de Estado cometieron graves crímenes, sea de violación de derechos humanos o casos de macrocorrupción, es imprescindible que enfrenten la justicia porque no puede existir la sensación en la población que hay personas que están por fuera de la ley, que por más graves crímenes que cometan ellos son capaces de evadir las responsabilidades”, sostuvo Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala y parte del Grupo de Expertos que investigó el caso Ayotzinapa en México.
“Manda un mensaje tremendo a toda la ciudadanía que personas enfrenten cárcel por robos mínimos y que los más grandes crímenes queden en la impunidad”, indicó.
Y la amnistía no aplica para violaciones graves a derechos humanos, agregó.
“Si se quiere acabar la corrupción se tiene que mandar un mensaje a aquellos, sobre todo a los que desde el más alto rango vulneraron la ley, se enriquecieron con los fondos públicos”, subrayó.
Si no, el mensaje que envía es que se pueden enriquecer con los fondos públicos y nada va a ocurrir.
“Es indispensable la voluntad política al más alto nivel. El principal requisito es que las más altas autoridades del país quieran llevar adelante estos casos y les den todo el respaldo a los funcionarios encargados de hacerlo: policías, fiscales y jueces, porque para nada es un proceso sencillo. ¿Cuál es el mayor desafío? Aunque nosotros como ciudadanos vislumbramos el nivel de la corrupción, en el caso de México el nivel de infiltración del crimen organizado en las instancias de gobierno a todo nivel, la mayor sorpresa en el caso de Guatemala fue justamente el involucramiento de otros actores, no se trataba de un caso de corrupción aislado, no se trataba de un ministro o secretario que no tenía ético, era algo muchísimo más grave, era la forma de gestionar la cosa pública, un tema sistémico donde no sólo eran políticos, funcionarios parte de la élite económico quienes se beneficiaban… las fuerzas para detener el avance de la justicia fueron increíblemente graves y grandes”, expuso Paz y Paz.
“El monstruo es muchísimo más grande de lo que vemos“, acotó.
“Son investigaciones que requieren la voluntad política al más alto nivel pero también de capacidades técnicas importantes, recordemos que toda transacción monetaria deja rastros, entonces se requiere de una investigación financiera profunda entre varios países porque muchas veces se ocultan los recursos obtenidos ilícitamente en paraísos fiscales. Como dirían los estadounidenses: sigue el dinero (follow de money), es esa ruta del dinero ilícito la que nos permite ir hilando a todas las personas involucradas, desde los que pagaron hasta los que se beneficiaron.
“No son investigaciones a corto plazo, si se quiere hacer profundamente y llegar a todos los involucrados, son investigaciones que requieren planificación, no pueden ser reactivas… tienen que ser bastante más profundas”, refirió.
Para ello llamó a que en México se fortalezca la carrera fiscal y lamentó que fiscales de anteriores administraciones se hayan integrado a la nueva Fiscalía General de la República.
“Fue un grave error que equipos enteros de la PGR, sobre todo de unidades tan cuestionadas como la SEIDO, se integraran automáticamente a la nueva Fiscalía. Es un desafío para el fiscal general actual que estas personas enfrenten justicia por sus graves crímenes, si no no va a tener equipos saneados para llevar a cabo sus investigaciones”, explicó.
Una de las experiencias que le deja a Claudia Paz y Paz lo vivido con la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) es que “cuando se quiere se puede, no hay imposibles para la justicia. Con los métodos actuales de investigación prácticamente la mayoría de los casos se podrían resolver, sobre todo si son crímenes en los que está involucrado el dinero. Lo que pasa que no sólo es el colapso de las instituciones de justicia sino es sobre todo la cooptación y hemos visto hasta qué nivel las policías y las procuradurías estuvieron infiltradas”.
Por ello aconsejó un ente externo, por ejemplo modelos con respaldo de organismos internacionales.
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