Mahmud, un joven marroquí que llegó en patera a Gran Canaria el pasado mes diciembre, persigue a la Policía hace más de dos semanas. El chico, que pide no revelar su nombre real, se hace el encontradizo y con su pasaporte en el bolsillo se acerca a los agentes que patrullan las calles en busca de inmigrantes en situación irregular. Tras fracasar en su intento de que lo detuviesen en la comisaría y en el puerto, Mahmud merodea ahora dos o tres veces por semana por parques y estaciones de autobús, algunos de los puntos calientes de los controles. Pero la táctica no funciona y mientras muchos de sus compatriotas acaban contra su voluntad en un vuelo de deportación, él vuelve cabizbajo a su campamento. Se jugó la vida en este viaje, pero está desesperado por volver a casa. “No puedo más”, asegura.
“Creía en el sueño europeo y, como todos los jóvenes, quería ayudar a mi familia y tener una vida mejor”, recuerda. “Las redes sociales están llenas de gente que pone fotos en lugares bonitos, felices y vistiendo ropa buena, pero si yo hubiese visto una sola foto de la realidad que me encontré nunca habría venido”, lamenta. Mahmud, de 24 años, se queja del trato “discriminatorio” que ha recibido desde que llegó a la isla y de la frustración de no haber podido llegar todavía a Francia donde tiene familia y pretendía trabajar. “Para mí todo ocurrió al contrario de lo que esperaba”, asegura. Su proyecto migratorio, asume, ha fracasado y, mientras, se acumulan las facturas por pagar. Su madre —y aquí rompe a llorar— se lo lleva diciendo desde el mismo día que desembarcó: “Vuelve”.
Hace meses que historias como la de Mahmud son cada vez más comunes en Canarias. Miles de personas han logrado llegar a la Península para reencontrar familiares y amigos e intentar trabajar, pero el desánimo y la sensación de pérdida de tiempo es permanente entre las más de 5.000 personas que el Ejecutivo mantiene bloqueadas en el archipiélago. Eran los motores económicos de sus familias, pero hace meses que se sienten un lastre para ellas. La inmensa mayoría resiste, en la calle o en campamentos, pero el sueño se rompe y ya son decenas de personas las que están pidiendo volver a casa.
En lo que va de año, 152 migrantes llegados en patera a las islas han acudido a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que gestione su regreso, sobre todo a Marruecos, pero también a Senegal y Mauritania. Durante el proceso, 16 de ellos se han arrepentido, pero 32 ya están en sus países y el resto espera el fin de los trámites o la fecha de su vuelo. Mahmud también deberá ir en uno de esos vuelos, si no logra que la Policía lo expulse antes de terminar el papeleo. Es un número modesto si se tiene en cuenta que desde enero de 2020 han llegado más de 26.000 personas a las islas, pero es al mismo tiempo una cifra extraordinaria porque los africanos solo aparecen de forma anecdótica en las estadísticas de retorno voluntario, un programa financiado casi en su totalidad por la UE.
En 2019, año prepandemia y, por tanto, sin restricciones fronterizas, apenas 11 de los 673 inmigrantes que abandonaron España gracias al retorno voluntario eran africanos, según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones. En 11 años de estadísticas de este programa en el que participan varias organizaciones y que ha beneficiado a más de 22.000 personas, solo constan unos 600 africanos. La inmensa mayoría, según los registros que comienzan en 2009, son latinoamericanos. Las cifras de la OIM de 2020, además, contemplan un número indefinido de migrantes que, según fuentes policiales y a diferencia de Mahmud, sí han acabado en uno de los cuatro vuelos de deportación de marroquíes que parten cada semana tras acudir a comisaría o al aeropuerto para rogar que los devuelvan.
Georgina Lara, responsable del programa de retorno de la OIM, prevé que las peticiones continúen al alza si, además, se mantienen las entradas irregulares en las islas. “Cuando acuden a nosotros, argumentan falta de ingresos y de redes familiares y se ven incapaces de conseguir la documentación a corto y largo plazo”, mantiene. Lara asegura que entre las principales razones que exponen los migrantes para retornar no mencionan la imposibilidad de salir de las islas, pero sí concede: “Evidentemente si estuviesen en la Península se plantearían su proyecto migratorio de otra manera”. En Melilla, tras meses e incluso años atrapados, también se ha registrado un incremento relevante de peticiones de retorno por parte de tunecinos y egipcios.
Ahmed Elhassnaoui, un pescador marroquí de 31 años, volvió a casa el pasado 8 de febrero, después de tres meses duros en Gran Canaria. Vivió un tiempo en un hotel hasta que lo expulsaron y malvivió más de un mes en las calles y playas de Arguineguín. Sin pasaporte, sus posibilidades de llegar a la Península eran mínimas y no se veía capaz de salir de la miseria en la que había caído. “Pensaba que aquí tendría un buen futuro, pero me encontré otra vida dura. Estar en la calle es muy difícil”, contó a EL PAÍS en febrero, unas semanas antes de marcharse. La OIM pagó su PCR y su billete de vuelta y, como parte del programa, le entregó 450 euros que Elhassnaoui gastó en un autobús de vuelta a casa y en ropa. “Me hubiese gustado quedarme, pero estaba sufriendo demasiado. Era una pérdida de tiempo”, cuenta en una videollamada desde Dajla, la ciudad del Sahara Occidental donde vivía con su familia. “Muchas personas me preguntan por qué no aguanté más y les respondo que no tienen idea de la realidad. Lo que pasé aquí no se lo he contado a nadie, solo lo sabe mi familia y mi mejor amigo”, confiesa. El mar está revuelto y aún no tiene trabajo, pero dice que está contento y tranquilo. Las normas del programa marcan que los retornados no podrán volver a España en un periodo de tres años, pero a la pregunta de si lo volvería a intentar en un futuro, Elhassnaoui responde con media sonrisa: “Cuando se acabe el coronavirus y haya trabajo”.
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