Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedatu y Sedesol, involucró a funcionarios de la dependencia en las triangulaciones de dinero público.
La FGR sigue la pista de la ‘Estafa Maestra‘, el caso de desvío de más de 7 mil millones de pesos de dinero público en el sexenio pasado, hasta en Asia.
La red de desvíos millonarios que desde Sedesol y Sedatu operaba Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en ambas dependencias durante la gestión de Rosario Robles, se extendió a 8 países con depósitos por al menos 66.1 millones de pesos, tan solo entre 2014 y 2015, da a conocer este lunes el diario Reforma, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República.
La FGR ya hizo solicitudes de asistencia jurídica internacional a China, Corea de Sur, Paquistán, Ecuador, Estados Unidos, Dinamarca, Israel y Bélgica para seguir la ruta del dinero y establecer su destino final.
Autoridades identificaron a Claudia Gabriela Morones Sánchez, ex directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Enrique Prado Ordóñez, ex director de Adquisiciones y Contratos -tanto en Sedatu como Sedesol- como los integrantes de la red de Zebadúa que debían administrar el último tramo del desvío.
Ambos habrían operado el cambio de dinero por dólares y las transferencias que eran parte de dos convenios por 955.2 millones de pesos entre Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo, que a su vez subcontrató a otras siete empresas para los traspasos.
Morones ya había sido identificada como probable responsable de coordinar la falsificación de comprobantes, de acuerdo con una investigación de Aristegui Noticias. En tanto, Prado fue señalado de operar empresas subcontratadas y crear otras que recibieron los envíos.
Las investigaciones apuntan que ambos fueron parte de las transacciones de cambios de divisas y transferencias internacionales, con el objeto de ocultar el origen de los recursos, lo que podría constituir el delito de lavado de dinero.
#OperaciónEntregables: funcionarios de Rosario Robles inventaron expedientes para salvar auditorías
En junio 2018, Aristegui Noticias expuso el esquema de desvío de recursos públicos mediante la subcontratación con oficinas de gobierno y empresas fantasma, el cual cerró la pinza del engaño con la fabricación de expedientes y comprobantes conocidos como “entregables”.
Los “entregables” son un requisito que deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno para recibir el pago correspondiente, pero en el caso de las compañías y asociaciones consideradas fachada o fantasma los expedientes se armaron o fabricaron para simular obras y servicios inexistentes.
Los documentos falsificados son la última pieza del esquema de corrupción que en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación equivale a irregularidades por más de 7 mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2017.
Emilio Zebadúa, oficial mayor en Sedatu y Sedesol con Robles; su ex coordinadora de Comunicación Social en Sedatu, Rocío Gómez Bolaños, y quien era Jefe de Oficina en esa misma dependencia, Ramón Sosamontes Herreramoro, fueron identificados como la cabeza de las operaciones.
Los dos últimos han trabajado con Robles desde que fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Bajo la dirección de estos funcionarios operaba Claudia Gabriela Morones Sánchez, quien trabajó en Sedesol y Sedatu, según sus declaraciones patrimoniales.
Morones también es comisaria de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, de la que son accionistas Lizette Prado Ordoñez y Lizette Chávez Zaragoza.
Lizette Prado es hermana de Enrique Prado Ordoñez, el ex director de Adquisiciones y Contratos de Sedatu, cargo que repitió luego de ocupar el mismo puesto en Sedesol entre 2013 y agosto del 2015.
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