La argentina Silvia Labayrú tenía 20 años y estaba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada y enviada a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina. En sus primeras semanas allí fue encapuchada, amenazada, golpeada. Dio a luz en cautiverio a una bebé que le sacaron de las manos y poco después el capitán de fragata Jorge Tigre Acosta le dijo que debía tener relaciones sexuales con algún oficial como prueba de su “recuperación”. A 45 años de haber sobrevivido a aquel infierno, la Justicia argentina condenó este viernes al hombre que la violó, el exoficial de inteligencia Alberto González, a 20 años de cárcel. Acosta, jefe directo de González en el grupo de tareas de la ESMA e instigador de este crimen y de otros contra otras dos prisioneras, fue condenado a 24 años. Las condenas contra ambos represores se suman a otras previas a perpetua, que cumplen en la cárcel.
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Labayrú, residente en España desde que se exilió allí en 1978, recibió el veredicto acompañada por su hijo y amigos cercanos en un restaurante gallego. “Aunque pueda parecer una paradoja estar comiendo bogavante con albariño en Estaca de Bares era un final por todo lo alto para mí, quería estar en una situación de máxima felicidad”, cuenta por videoconferencia un par de horas después de haber escuchado la lectura del fallo a través de su computadora. Lo dice casi al final de la entrevista. Al principio, al responder sobre su reacción a la sentencia, habla primero de alegría y luego se corrige: “No sé si es esa la palabra. Estoy satisfecha”. Tenía dudas — “porque a veces no hay correlato entre la condena social y la Justicia”—, pero han quedado atrás: “Me parece bien que sea una condena fuerte”.
Sus ojos celestes se agrandan para subrayar que la mayor gratificación es “que haya habido una visibilización de que en la ESMA, como en otros campos de detención, se violó a las mujeres de forma sistemática”. Recuerda que la periodista Miriam Lewin, que también estuvo detenida en la ESMA, ya detalló en su libro Putas y guerrilleras que la violencia sexual era parte del “plan de arrasamiento de las prisioneras”. “Hubo muchas mujeres violadas como yo en la ESMA que por miedo o por otras razones no lo denunciaron. Esta sentencia me complace porque tal vez permita que otras mujeres piensen que es posible denunciar y se animen a hacerlo si saben que van a ser tratadas con respeto por la justicia”.
Complicidad civil
Las denunciantes pidieron que las audiencias del juicio fueran privadas por el carácter íntimo de los hechos denunciados y el dolor para relatarlos. Sin embargo, Labayrú cree que después de la condena es necesario hacerlo público “para dar cuenta de la complicidad de ciertos sectores de la sociedad” con la dictadura.
“Gonzalez no solo se satisfizo con violarme. Quiso que fuera su esclava sexual también para su esposa. No solo me llevó a hoteles alojamiento por horas sino también a su casa, donde fui sometida para satisfacer las fantasías sexuales de la parejita. Esta señora sabía que yo era una secuestrada. La hija de la pareja tenía uno o dos años y esto ocurrió cinco o seis veces. Era esclava de sus deseos y caprichos y fue tan traumático que no llegué a contarlo a mis personas más cercanas. Tardé mucho en darme cuenta de que había sido violada también por ella”, revela.
Labayrú habla de forma pausada, pero con voz firme. La denuncia por delitos sexuales que realizó en 2014 contra González y Acosta tardó seis años en llegar al juicio que concluyó el viernes, después de diez meses de audiencias. En ellas describió de memoria el escenario donde fue vejada: “Hice una descripción minuciosa de la casa porque me llevó con los ojos abiertos. La primera vez estaba convencida de que me iban a asesinar porque me habían dejado ver el edificio”.
“Delincuentes comunes”
“Estos señores además de aniquilar a militantes y a no militantes usaron el aparato del Estado para violar, apropiarse de nuestros niños y de bienes y propiedades. Se convirtieron en un grupo de delincuentes comunes que violaban, robaban y secuestraban y parte de la sociedad los aupaba, los conocía o hacía la vista gorda”, asegura.
Cuando la liberaron, en 1978, se vio rodeada por un manto de sospecha. “En un campo donde han sido arrojadas al mar unas 4.800 personas y sobrevivimos 200, había hacia nosotros un prejuicio y un señalamiento: ‘Algo habrás hecho’”. Esa imagen comenzó a cambiar con los juicios, cuando salieron a la luz más y más casos de lo que fue un plan sistemático de represión, pero reconoce que aún hoy queda un poso imborrable: “El sobreviviente es siempre una persona incómoda, molesta, sospechosa, porque sabemos cosas sobre la condición humana que es mejor no saber, sabemos qué ocurre con el alma en una situación de terror extremo”. Para Labayrú, la memoria del horror “es una memoria solitaria, porque difícilmente se pueden compartir esas vivencias con otras personas”.
Superar los tormentos sufridos le llevó muchos años de terapia y la ayuda de amigos y familiares. En su caso, como le dijo al presidente español, Pedro Sánchez, en su reciente visita a la exESMA, la ayudó también “haber salido del infierno para llegar al Madrid de la Transición”. “Fue la mejor terapia reparadora que pude tener. Llegué en el momento justo al lugar justo”, destaca. Se quedó a vivir allí y rehizo su vida, pero nunca ha dejado de dar testimonio del régimen de terror que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. La Justicia acaba de confirmar que se cometieron violaciones y otros delitos sexuales en ese gran centro de torturas. Labayrú confía en que ahora más víctimas se animen a hablar.
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