El nuevo modelo de los ERTE estructurales de nombre Red que ha diseñado el Gobierno no ha satisfecho ni a sindicatos ni patronales durante la reunión acerca de la modernización del mercado laboral que ha tenido lugar este miércoles. Para ambos, que han formado un frente común, el texto que reformula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores resulta de “gran complejidad”, y por ello reclaman “un proceso de negociación más dilatado en el tiempo, poco compatible con la urgencia de las materias que tenemos que resolver en el corto plazo”, señalan desde CC OO. En UGT, por su parte, conminan al Ejecutivo a que reconsidere una propuesta “que en este caso solo ha servido para ralentizar este proceso en el que deberíamos de ser más ágiles para llegar a un acuerdo en el que se respeten los compromisos adquiridos por el Gobierno con la ciudadanía a través de los acuerdos que permitieron la formación de este, así como lo presentado ante las autoridades europeas”.
La voluntad del Ejecutivo con el plan Red es que este sea el instrumento al que recurran las empresas cuando padezcan problemas derivados de una coyuntura adversa o por motivos estructurales. Este planteamiento inicial satisface tanto a sindicatos como patronales, pero es en su desarrollo donde se concitan las principales discrepancias. Para los sindicatos, como es el caso de UGT, el texto debería incluir el “un compromiso claro de mantenimiento del empleo como sí tiene la legislación de la pandemia”. Se refieren a la imposibilidad para las empresas que se hubieran acogido a un ERTE de fuerza mayor de llevar a cabo ningún despido en los seis meses posteriores a la reincorporación de un trabajador recuperado, y que la redacción actual de la propuesta del Gobierno no incluye.
Esta cláusula ya molestaba a los empresarios, a pesar de que pasaron por encima de ella durante las distintas prórrogas de los ERTE. A pesar de no estar contemplada nuevamente, el resto del texto tampoco satisface las demandas de las patronales. “Los empresarios ya habíamos advertido de que se trataba de una propuesta farragosa y que es más restrictiva, más intervencionista y que supone un mayor coste para las empresas que el modelo actual. Esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa del diálogo social”, indican a este periódico fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Una de las alteraciones principales que orienta este nuevo marco de ejecución de los ERTE estructurales tiene como finalidad permitir a las empresas mantener a sus empleados o formarlos para que puedan trasladarse a otra compañía o sector. Sin embargo, este sistema solo podrá ser activado por una decisión del Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía. Que la potestad de su aplicación se aloje exclusivamente en el Gobierno irrita a los sindicatos. “Nos parece muy escasa nuestra presencia en la cogobernanza del mecanismo”, indican desde UGT. “Pensamos que ante procesos de reconversión generalizada las decisiones del Consejo de Ministros, a propuesta o no de tres Ministerios, debería de venir acompañada de un proceso previo de negociación, en la que estemos los agentes sociales, los sectores afectados y en el que se analicen las causas, sus consecuencias y sus posibles soluciones”, añaden.
Dudas sin resolver
La falta de concreción, denuncian los sindicatos, en las resoluciones de las distintas dudas planteadas durante la reunión ha llevado a estas organizaciones a rechazar de plano la propuesta del Gobierno. “Llevamos 30 reuniones, casi ocho meses de negociación, en los que esta cuestión no ha estado encima de la mesa, al menos en términos similares a los ahora planteados. No nos ha quedado claro cuál es el objetivo de esta propuesta en la que se introducen materias que no tienen nada que ver con el objeto de esta negociación”, abundan desde CC OO.
En el documento expuesto durante la reunión de este miércoles, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan las dos modalidades de las que dispondrá el Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo: uno para causas estructurales (donde deberán recogerse obligatoriamente planes de recolocación); y otro para causas cíclicas (será el Ministerio de Economía el que fije a partir de un conjunto de indicadores los parámetros objetivos para poder activarlos). En la letra pequeña de estas dos articulaciones es donde se alojan los tecnicismos más “farragosos” que denuncias los agentes sociales.
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