Los detalles del escándalo del Vacunagate en Perú -470 personas inmunizadas desde septiembre por pertenecer a una red de privilegios- siguen en ebullición. La farmacéutica Sinopharm ofreció en agosto enviarle al Gobierno peruano un lote aparte de vacunas en fase experimental III y no se trató de un pedido del equipo peruano a cargo del ensayo clínico del producto, según reveló el diario La República. Además, dos medios reportaron que la empresa china envió insumos médicos de regalo al Ministerio de Salud por valor de 860.000 dólares. Todo ello mientras el país sudamericano negociaba con ésta y otras farmacéuticas la compra de vacunas para la población.
La publicación especializada Salud con Lupa informó que las donaciones de la compañía estatal china -ventiladores mecánicos, dispositivos de oxígeno, termómetros infrarrojos y miles de equipos de protección personal, entre otros- llegaron en tres embarques en septiembre, noviembre y el 15 de enero. La primera semana de diciembre, la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que habían llegado a un acuerdo en las negociaciones con Pfizer, pero días después se cayó. Entre los primeros funcionarios que se vacunaron irregularmente con las dosis que la empresa china envió por fuera de las destinadas al ensayo clínico estaban los negociadores de la Cancillería y el Ministerio de Salud para la adquisición de vacunas.
El 7 de enero, el presidente Francisco Sagasti anunció la firma con Sinopharm del acuerdo de compra de 38 millones de dosis y el compromiso para enviar el primer millón de vacunas. Ese embarque llegó en febrero y ha servido para inmunizar al personal de salud. ”El código de ética de la función pública tiene prohibiciones de obtener ventajas indebidas y de mantener intereses en conflicto; de otra parte, está la arista penal: los fiscales pueden interpretar la donación como un soborno adelantado”, comentó sobre este caso Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, ONG especializada en la lucha anticorrupción.
Cuando estalló el escándalo del Vacunagate, a mediados de febrero, las autoridades peruanas involucradas y el investigador principal del ensayo clínico, Germán Málaga, señalaron que el lote adicional de 3.200 dosis -adicionales a las requeridas para los 12.000 voluntarios- llegó a pedido del equipo de científicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo del estudio de fase 3. Sin embargo, según los cables diplomáticos de la Embajada de Perú en China, una representante de Sinopharm ofreció al Gobierno enviar viales como donación “para uso voluntario del equipo del ensayo clínico e individuos relacionados”.
Tras las consultas con el Ministerio de Salud y Málaga, decidieron que serían 2.000 unidades -la vacuna china requiere dos dosis-. La agente china dijo que enviaría adicionalmente 1.200 más para diplomáticos chinos y empresarios de esa nacionalidad residentes en el país sudamericano. Pero cuando en septiembre llegó el lote de 2.000 unidades, no solo se inmunizaron los miembros del equipo que realizaba el ensayo clínico de fase 3 en la Universidad Cayetano Heredia y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El entonces presidente Martín Vizcarra pidió una vacuna para él, su esposa y su hermano, quienes se inocularon en octubre. Los miembros del comité negociador de la compra de vacunas, las entonces ministras de Salud y de Relaciones Exteriores, empleados de la entidad supervisora de los ensayos clínicos, y decenas de empresarios, políticos, autoridades universitarias y familiares de todos los anteriores se beneficiaron de las vacunas VIP.
Según el diario La República, el primero que se vacunó -ajeno al ensayo clínico- fue Arturo Jarama, el principal negociador de la Cancillería de la compra de viales. Es uno de los ocho trabajadores de ese ministerio bajo investigación interna y de la Fiscalía y la Contraloría. Luego de una pesquisa interna, el Ministerio de Salud se comprometió a enviar a la procuraduría especializada en corrupción pública la identidad de 13 funcionarios de la Sanidad que tienen responsabilidad en este caso. La Contraloría indicó este domingo a EL PAÍS que hará una investigación rápida, de unos 30 días. “Desde el punto de vista administrativo, corresponde a los titulares de las entidades a las que pertenecen esos funcionarios dictar las sanciones”, dijo un portavoz. Si encuentra responsabilidad penal o civil, enviará la información a la Fiscalía y procuradurías.
Ética y ciencia en pandemia
”Las dosis adicionales son absolutamente inusuales en el contexto de un ensayo clínico, y justo eso desata el Vacunagate y es el problema de fondo de esta situación”, comenta el médico e investigador Percy Mayta Tristán acerca de las 3.200 dosis ‘donadas’ por Sinopharm. Como él, decenas de investigadores científicos cuestionan que la farmacéutica enviara dosis extra a las destinadas a los 12.000 voluntarios del estudio.
”Los investigadores no debieron aceptar las dosis adicionales, el comité de ética no debió aprobar el protocolo del ensayo clínico -o su ampliación- cuando las incluyeron, y el Instituto Nacional de Salud (INS) no debió aprobar el ensayo”, anota el científico. Mayta afirma que una de las lecciones para la comunidad científica peruana es que no se debe “aceptar la intromisión de lo político en el manejo de un ensayo clínico”. El investigador, quien fue durante seis años editor científico de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud, agrega que “las aprobaciones rápidas -de ensayos clínicos- en contextos de pandemia tienen riesgos porque se pueden escapar algunos detalles. Por ello el proceso de vigilancia y acompañamiento debe ser mucho más cercano”.
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