Siria ha sido despojada este miércoles de su derecho de voto en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) por haber usado este tipo de armamento contra la población durante la guerra civil que se prolonga desde hace una década. La decisión sienta un precedente y ha sido tomada con el voto a favor de dos tercios de los 193 países que integran el organismo con sede en Países Bajos.
El Reino Unido, Francia y Estados Unidos han votado, entre otros, a favor de retirar al régimen de Damasco este privilegio. Irán y Rusia lo han hecho en contra. La medida, que entra en vigor de forma inmediata, es también un mensaje político para el presidente sirio, Bachar el Asad, porque deja claro el rechazo a cualquier violación de la Convención sobre las Armas Químicas (1997) que prohíbe su desarrollo, producción, almacenamiento y empleo, y que dispone además su destrucción. La OPAQ tiene el mandato de aplicarla.
En un mensaje de Twitter, la delegación británica ante la OPAQ calificó la sanción como “paso decisivo para mantener la credibilidad de la Convención”. Louis Charbonneau, de la organización Human Rights Watch, ha indicado que el paso dado “es en gran parte simbólico, pero también importante para que los mandatarios sirios respondan por sus crímenes de guerra”. El Gobierno sirio niega haber estado implicado en cualquier tipo de ataque químico, y recuerda que sus reservas han sido sometidas a supervisión internacional desde 2013. Ese año entró a formar parte de la OPAQ, y este miércoles ha calificado de “propaganda” la pérdida del voto.
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En 2013 se elaboró un plan para la destrucción total del arsenal químico del país, que debía estar completada para 2014, según el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, los informes publicados este abril por el Equipo de Investigación e Identificación de la OPAQ señalaban “motivos razonables para creer” que las fuerzas aéreas gubernamentales utilizaron bombas de cloro en febrero de 2018. Fue en Saraqib, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al sur de Alepo. El estudio explicaba que un helicóptero militar sirio atacó el este de Saraqib “lanzando al menos un cilindro” con dicha sustancia. Al romperse, el recipiente liberó cloro “a lo largo de una gran superficie afectando a 12 personas”, precisa.
En 2020, otro informe similar calificaba de “muy probable” que la fuerza aérea hubiese lanzado en 2017 bombas con gas sarín y cloro en Latamina, al norte de Siria. En ambos casos se violó la Convención, y en marzo pasado, el español Fernando Arias, director general de la OPAQ, dijo que seguía habiendo “lagunas e inconsistencias” en los informes enviados por Siria. El equipo de investigación de la organización actuó después de que Rusia bloqueara la ampliación del mecanismo de investigación puesto en marcha en 2015 por Naciones Unidas y la propia OPAQ. En septiembre de 2017, la comisión de Naciones Unidas que investigaba los crímenes de guerra cometidos en Siria acusó “con indicios racionales” al régimen de Damasco de haber empleado gas sarín contra la ciudad de Jan Sheijun, en la provincia de Idlib, en abril de ese mismo año. La localidad estaba controlada por fuerzas rebeldes y el bombardeo mató a más de 80 personas.
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