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Solicitantes de asilo en EU podrían esperar hasta dos años en México: experto

El retorno de solicitantes de asilo de Estados Unidos a México afectaría a las ciudades fronterizas, y aumentaría el riesgo de cruce indocumentado de migrantes que no esperarán dos años para recibir el asilo, consideró experto.

El retorno de solicitantes de asilo de Estados Unidos a México, además de violar la soberanía y el derecho a la autodeterminación del gobierno mexicano, y transgredir los derechos humanos de los migrantes, podría generar una serie de problemas en las ciudades fronterizas del país, consideró Jorge Santibañez, director del Mexa Institute.

En entrevista en Aristegui en Vivo, Santibañez consideró que este procedimiento, instituido de manera unilateral por la administración de Donald Trump, “tapa” el problema, “pero no lo resuelve de fondo”.

“Los propios migrantes no quieren regresar a México, se hace en contra de su voluntad, pues violenta sus derechos humanos y los deja sin mecanismos de defensa”.

El experto aclaró que el periodo de espera de seis meses que se ha mencionado corresponde al tiempo que se tardan en acudir a la primera audiencia ante las autoridades migratorias estadounidenses, pero las estadísticas recabadas hasta este momento indican que el proceso entero podría durar hasta dos años, además que el 90 por ciento de ellos son rechazados.

“Se está recibiendo a personas que, en realidad, van a quedar en una especie de limbo”.

Santibañez advirtió que las ciudades fronterizas no cuentan con la capacidad de ofrecer los servicios de educación, vivienda, salud y empleo a su propia población, mucho menos podrán atender de manera adecuada a los migrantes. 

“Si sobrecargamos a las ciudades con esta presencia, se genera desorden y un rechazo hacia los migrantes entre la población fronteriza”.

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Una consecuencia que ya se ha observado en fechas recientes, es el abandono de los albergues y el consecuente intento de cruce indocumentado hacia Estados Unidos por parte de migrantes desesperados por los largos tiempos de espera.

Existe un problema de origen en el acuerdo entre México y Estados Unidos, pues no establece procedimientos, características, metas numéricas, ni en qué ciudades se va a implementar, lo que dificulta la evaluación de su efectividad.

Es que cada año las autoridades federales de Estados Unidos reciben alrededor de 200 mil solicitudes de asilo. Para el director del Mexa Institute, “estos no son números que las ciudades fronterizas puedan soportar sin algún tipo de apoyo adicional”. 

“A mi me parece que se están pervirtiendo las prioridades mexicanas en función de las prioridades electorales del presidente Trump”.

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Con respecto a la legalidad del acuerdo, Jorge Santibañez destacó que el acuerdo no fue discutido ni aprobado por el Senado de la República, un requisito indispensable para que tenga validez legal. Además, argumentó que viola el derecho constitucional de los mexicanos a la autodeterminación, ya que sus resultados serán evaluados por otro país.




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