La fiesta del 12 de octubre, en la que el jefe del Estado reunió este lunes a los partidos bajo un clima de tensión política extrema, fue una celebración marcada por la sobriedad que exige la situación sanitaria. Aportó un aparente alivio en la actual multiplicación de las crisis, pero sería ingenuo pensar que ello preludia grandes expectativas. Más bien parece haber sido una breve tregua, un lapso fugaz en la confrontación.
Una crisis es grave cuando en ella se superponen otras varias que acaban confluyendo. En el caso de España, a la sanitaria, que ha revelado la urgente necesidad de reforzar el sistema sanitario público para afrontar y sobreponerse al destrozo causado por la pandemia, ha venido a concatenarse otra económica de la que solo podremos salir con un drástico y eficaz plan de recuperación que convoque y aúne a todas las fuerzas políticas y agentes sociales. Aunque difícil, eso no es imposible si todas las energías y recursos se unen para avanzar en una misma dirección. Pero la creciente crisis institucional oscurece aún más un panorama ya de por sí sombrío.
La actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la gestión de la pandemia supone una grave quiebra de los principios de lealtad institucional. El Gobierno central tiene serias responsabilidades en el fracaso sanitario de Madrid, pero el obstruccionismo de Díaz Ayuso con fines partidistas ha sido una deslealtad política con un duro coste para la salud de los ciudadanos de Madrid y del resto de España. Un nuevo pulso institucional, este, que se suma a las iniciativas anticonstitucionales del independentismo catalán.
Esta peligrosa situación coincide con el ataque del socio minoritario del Gobierno de coalición a la jefatura del Estado, a la que ha acusado recientemente de parcialidad con inaceptable ligereza. Y con la inadecuada gestión por parte del socio mayoritario de importantes episodios relacionados con ella, con la tardía e insuficiente explicación pública de la decisión sobre el viaje del Rey a Cataluña. Podemos debería entender que atacar a las instituciones con ligereza y desde cargos gubernamentales es una pésima praxis. Pero igualmente es lesiva para la jefatura del Estado, cuya neutralidad está recogida constitucionalmente, su instrumentalización para satisfacer un interés partidista, como muchos practican desde la oposición de derechas. Huelgan los patrocinios proteccionistas de la figura del Rey, pues reducen su alcance: el jefe del Estado lo es para todos los ciudadanos y en su calidad de figura que está por encima de las luchas partidistas.
La utilización de informes del Departamento de Seguridad Nacional manipulados para culpar al Gobierno de desoír las alertas sobre la pandemia evidencia que en materia de lealtad institucional la posición del PP es insatisfactoria. Por otra parte, es evidente que las malas prácticas afectan también a poderes como el Judicial.
Sin embargo, aunque la crisis institucional ya está prendiendo de una forma muy grave, es posible revertirla. Los dirigentes públicos deben interiorizar que España sufre una doble crisis sanitaria y económica de extrema gravedad, y que no puede permitirse otra de índole política. Si el entramado institucional se deteriora, no solo deja de funcionar el Estado, el pilar que sostiene toda la arquitectura de la acción política; debilita también la vida cotidiana de millones de ciudadanos que deben hacer frente a las extraordinarias exigencias de la recuperación.
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