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El vídeo es de octubre del 2020 en el marco de la Expo San Juan Minera, que por la pandemia se realizó por videoconferencia. En el mismo se puede ver al ingeniero Gustavo Cruz, gerente general del proyecto de megaminería Agua Rica-MARA, hablar sobre la actualidad del yacimiento, al cual describe como el más avanzado de su tipo en Argentina, que podría estar listo para explotación de cobre, oro y plata entre otros minerales en 2022. Durante la conferencia, Cruz destaca en varias oportunidades la excelente relación de la minera con la comunidad de Andalgalá, en donde tienen su sede principal, y la importancia para la empresa de resguardar el medio ambiente. Escuchando al ingeniero, casi se podría olvidar que el proyecto minero contempla hacer un agujero de tres kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad sobre las sierras del Aconquija, a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre glaciares y en la naciente de todos los cursos de agua relevantes para la vida en la zona y a 18 kilómetros de la ciudad, donde residen alrededor de 20.000 habitantes.
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Observando el vídeo, se puede ver cómo cada vez que el ingeniero Cruz menciona la relación con la comunidad, se succiona ambos labios, como si quisiera de alguna manera tragarse la boca. Puede que esta reacción involuntaria se deba a que la relación que él describe como maravillosa, no lo es. Omite mencionar que el pueblo de Andalgalá lleva más de una década ininterrumpida de protestas todos los sábados contra la presencia de su empresa. Que la llegada de Agua Rica a la localidad se dio con una brutal represión a mujeres, niños y jubilados el 15 de febrero del 2010, situación que terminó con la quema del edificio municipal y la primera destrucción de la sede de su empresa. Al momento de dar esa conferencia todavía regía, en el departamento de Andalgalá, una prohibición local de la minería a cielo abierto, producto de la militancia incansable de los vecinos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, una estructura horizontal y abierta de resistencia nacida al compás de los embates mineros.
Fotogalería | Oro por dólares o agua para vivir
El 28 de diciembre del 2020, la corte suprema de justicia provincial declaró la inconstitucionalidad de la prohibición minera local, en un fallo dictado literalmente entre gallos y medianoche. A las pocas horas y de madrugada, las maquinas viales de Yamana Gold avanzaban al yacimiento escoltados por un regimiento de Gendarmería Nacional, hecho tras el cual los vecinos cortaron el acceso a la mina desde Andalgalá, en donde rápidamente surgieron roces con algunos empresarios locales ligados a la minera.
El Gobierno provincial anunció el 6 de abril el envío a Andalgalá de 60 policías adicionales, aunque en realidad arribaron a la ciudad muchos más, debido a un supuesto pico en los casos de covid-19, que insólitamente necesitaba de refuerzo policial y no sanitario.
Cuatro días después, en ese clima tenso, cientos de vecinos encararon la caminata numero 583 contra la presencia de Agua Rica, para que bajen las máquinas. De acuerdo a numerosos relatos de vecinos que se manifestaban, que coinciden con los vídeos disponibles, mientras pasaban por la sede de la empresa, como era su recorrido, entre bombas de pintura y grafitis, los manifestantes se encontraron con que los portones, que siempre estaban cerrados y con custodia, estaban abiertos “por descuido” y sin un guardia a la vista. A los pocos minutos y a diferencia de las 582 caminatas anteriores, que habían sido completamente pacíficas, el caos se desató sobre la sede de la minera que tras unos minutos comenzó a arder en llamas. Los cientos de policías presentes dejaron hacer sin intervenir en ningún momento. Los bomberos, cuyo cuartel se encuentra a menos de 150 metros de distancia de la empresa, dejaron que se quemara por completo el edificio sin personarse hasta que no quedaron más que las paredes.
En las horas y días siguientes, las autoridades provinciales comenzaron una verdadera cacería de activistas. Libraron 25 allanamientos en los que intervinieron las fuerzas especiales de la policía provincial, incautando como evidencia carteles contra la minera, pinturas, cámaras, computadoras, móviles y hasta alcohol en gel, mientras que apuntaban con armas largas a los vecinos y destruían sus hogares. En dos tandas, primero el 11, y luego el 14 de abril, las autoridades detuvieron a 12 vecinos, la mayoría parte del núcleo duro de la Asamblea El Algarrobo, o personas cercanas a la misma; un jubilado, una estudiante, varios docentes, un empleado municipal, un artesano, un músico, un fotógrafo.
Estos vecinos permanecieron detenidos durante dos semanas con numerosas irregularidades procesales y liberados bajo una caución económica equivalente a más de un año de salario promedio de la zona, manteniendo el procesamiento judicial, según denunció CORREPI, CLACSO, el Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel y la referente de Derechos Humanos Nora Cortiñas, entre decenas de organizaciones y referentes sociales.
“¿Por qué tenemos que venir hace 11 años caminando para que nunca se nos escuche? Pero no estamos cansados. Si ustedes creen que cuando nos han hecho cagar en el 2010 o cuando meten a los compañeros presos nos van a hacer aflojar…están errados. ¡O son las mineras o somos nosotros! ¡No tenemos otra salida!”, pronuncia en un enardecido discurso Rosa Farias ante cientos de vecinos en la puerta de la comisaría de Andalgalá.
“Aquí no vivimos la dictadura de los setenta como en otras partes del país donde la gente vivió aterrorizada. No sentimos la dictadura militar, pero si estamos viviendo la dictadura minera. La intención fue sembrar el terror. Intimidarnos con todo su aparato de poder”, relata Ana Chayle, encargada de prensa de la Asamblea y docente universitaria, mientras espera su turno en las escaleras exteriores de la Comisaría local para visitar a su pareja, Damián Abel, un militante político que se encarga de mantener las ollas llenas en un concurrido comedor popular. “No te puedo decir que el incendio fue armado o no, porque no lo sé y en realidad tampoco importa. La gente estaba llena de bronca; se quedaron a ver la empresa arder. Ni las abuelas se querían ir”, cuenta.
Entre los andalgalenses la bronca y la desesperación brota en lágrimas de desesperanza. Lo hace en las conversaciones, en los gritos de la caminata de los sábados; cuando se menciona el tema. La angustia no es exagerada.
La megaminería se instaló por primera vez en Argentina aquí, en el oeste de Catamarca, a mediados de los años noventa, con el arribo de Minera Alumbrera, actualmente propiedad del grupo suizo Glencore Xstrata, quien también es una de las propietarias del yacimiento Agua Rica, junto con la canadiense Yamana Gold y la estadounidense Newmont. La minera extrajo durante dos décadas miles de millones de toneladas principalmente de cobre, oro y plata por un valor mayor a los 14.000 millones de euros, hasta su agotamiento en el 2018 en Belén, a tan solo 60 kilómetros de Andalgalá.
La minera hizo un Hospital muy bonito por fuera, pero los niños se mueren porque sus padres tienen que salir a conseguir el dinero para comprar el gasoil para la ambulancia para trasladarlos 250 kilómetros hasta la capital, porque acá no hay ni un solo especialista
Juan Mansilla
“¿Que está pasando? No puede ser una cuestión de ambición, pareciera una forma de guerra. Nos quieren matar a todos”, espeta Juan Mansilla, un profesor de música en una secundaria local, mientras conduce a la estación de bombeo del mineraloducto de más de 300 kilómetros de largo que tiene Minera Alumbrera. Esta pasa por Villa Vil, localidad aledaña a Andalgalá. Y añade: “En Andalgalá creímos las promesas de progreso y dos décadas después lo que tenemos es que se llevaron todo y nos dejaron nada y ahora nos vienen con las mismas promesas. Seremos indios, pero somos indios avivados ya. La minera hizo un Hospital muy bonito por fuera, pero los niños se mueren porque sus padres tienen que salir a conseguir el dinero para comprar el gasoil para la ambulancia para trasladarlos 250 kilómetros hasta la capital, porque acá no hay ni un solo especialista. No tienen la capacidad de atender nada, mucho menos la cantidad de enfermedades que generó la minería”.
Los derrames del mineraloducto sobre el río Villa Vil prácticamente han arruinado toda producción agrícola en la zona, matando animales y enfermando personas, sobre todo niños. Julia Oviedo, dueña de un lubricentro en Andalgalá lo sabe bien: “Mi marido falleció hace unos días, después de luchar nueve años contra un cáncer de vejiga. Mi cuñada murió por cáncer de páncreas; mi hermana murió por leucemia. Mi hija tiene cáncer de útero. Mis nietos llenos de enfermedades respiratorias, alergias. Todas las enfermedades arrancaron con Alumbrera. Nosotros teníamos el agua y el aire más puro del mundo, y ahora nos envenena. Ojalá la Pachamama nos ayude a detener a estos dementes”, reza con dolor esta madre de seis hijos y abuela.
Mi marido falleció hace unos días, después de luchar nueve años contra un cáncer de vejiga. Mi cuñada murió por cáncer de páncreas; mi hermana murió por leucemia. Mi hija tiene cáncer de útero. Mis nietos llenos de enfermedades respiratorias, alergias…
Julia Oviedo, dueña de un lubricentro en Andalgalá
El docente cuenta que luego de años de lucha contra la minera en algún momento quebró; no dio más y tuvo que parar. La detención de Walter Mansilla, su hermano, le quito esa opción de la mesa; Walter es muralista y ha sido fotógrafo de todo el proceso de lucha contra Agua Rica, además de preceptor de una escuela. Participaron más de 100 policías en el procedimiento en su casa, donde lo detuvieron.
Las instalaciones de Minera Alumbrera, pretenden ser utilizadas por el yacimiento de Agua Rica para abaratar costos de infraestructura; decisión económica que se presenta a la población como el “beneficio” de reducir el 60% del pasivo ambiental que se produciría localmente, de acuerdo a lo que dice la empresa y ratifican desde el Gobierno provincial. Una supuesta solución para los conflictos socio-ambientales que han impedido la explotación hasta ahora. La comunidad no acepta esta alternativa y tiene buenos motivos para no hacerlo.
Los dinamitados permanentes y los grandes desplazamientos de suelo, sumado a que el yacimiento se ubica en un “tobogán” por encima de la localidad, representan un riesgo elevado de aludes y avalanchas que serían impredecibles y eventualmente inevitables por la gradiente del terreno
Aldo Banchig es un geólogo de Andalgalá, docente e investigador en la Universidad Nacional de San Juan. Banchig es además montañista experto, y una de las personas que más veces ha realizado cumbre en los cerros altos del Aconquija, por lo que conoce el territorio que pretende explotar Yamana Gold como la palma de su mano. “Si yo falto a lo que sé, voy a estar rompiendo mi juramento profesional. En el montañismo le decimos abandono de persona. Es lo mismo. Estaría abandonando a mi pueblo, a mi patria chica”, dice por videoconferencia.
El geólogo considera que el proyecto minero es absolutamente inviable por los peligros certeros que conlleva. Por tratarse de una cuenca hídrica con presencia en el área de glaciares y glaciares de roca, que serían inevitablemente destruidos y que están protegidos por leyes nacionales. Señala que en los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa, la zona se clasifica como de sismicidad baja, cuando es en realidad alta, con una falla activa atravesando el área donde estaría ubicado la gigantesca mina a cielo abierto u open pit. Los dinamitados permanentes y los grandes desplazamientos de suelo, sumado a que el yacimiento se ubica en un “tobogán” por encima de la localidad, representan un riesgo elevado de aludes y avalanchas que serían impredecibles y eventualmente inevitables por la gradiente del terreno.
La acidificación y contaminación del agua la haría inusable para la agricultura, ni mencionar el consumo humano. Por el polvo de los dinamitados y la naturaleza de la geografía, el aire se volvería permanentemente contaminado con mineral diseminado de un tamaño 10 veces inferior al cabello humano; minerales a los cuales los niños son más susceptibles. “Tenemos un delicado equilibrio natural producto de un proceso de un millón de años, que se pretende romper en un lapso de 30. El riesgo de impacto es asegurado”, afirma Banching.
Ailén Saracho Diamante, estudiante universitaria y militante política, fue una de las detenidas y procesadas por los incidentes de Agua Rica. Por ser mujer y no contar la Comisaría con las instalaciones necesarias, transitó la mayor parte de su detención con prisión domiciliaria en la casa que comparte con su hermana, sobrina y mamá. “Esto es extractivismo que destroza todo. No les importamos un carajo. No hay errores de cálculo. Pero esta situación tiene responsables directos: el Gobernador Jallil, el presidente Fernández, el Partido Justicialista. Ellos nos vienen atropellando y ahora doblan la apuesta denunciándonos. Creían que con esto nos íbamos a doblegar, pero no entienden que va a pasar todo lo contrario”.
El contexto que señala Ailén se repite a nivel nacional. Desde las marchas por el agua y contra la megaminería en la provincia de Mendoza, que contaron con mas de 100.000 personas en diciembre del 2019, a los actuales multitudinarios cortes de ruta a lo largo de toda la comarca andina de Chubut por parte de vecinos que se resisten en Esquel. Resistencia popular que desde medios de comunicación oficialistas han tildado como “ambientalismo bobo” y que en todo el país viene siendo fuertemente reprimida por las fuerzas de seguridad.
Una nueva generación asoma en Argentina y Latinoamérica, a la cual las oportunidades le han sido arrebatadas al punto de quiebre; que no tiene más opciones que resistir para sobrevivir. Ailén, con 21 años, es un claro exponente: “Yo no me quiero ir. A mí lo que me da más miedo es tener que irme. No me da miedo la Policía o el poder que me amenaza. Yo no tengo nada. Y entendiendo que no tengo nada… la nada para nosotros es todo. ¿Por qué lo vamos a entregar?”
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