Tenía ocho años cuando su madre fue vista por última vez la mañana del 18 de agosto de 2010, en pleno bullicio comercial de Pontevedra. Ahora, doblemente huérfano, Alejandro Araújo ha pedido al juzgado que certifique su muerte, después de que la búsqueda de Sonia Iglesias, en los lugares más insospechados, no diera resultado. El principal sospechoso, el marido de Sonia y padre de Alejandro, falleció hace tres meses.
La tragedia ha marcado la niñez y adolescencia de Alejandro. La última vez que la familia se reunió fue el día de su primera comunión, vísperas de la desaparición de su madre. Precisamente esa fatídica mañana, uno de los recorridos que ella tenía previsto hacer por la ciudad era ir a ver cómo habían quedado las fotos de la fiesta antes de ir a trabajar en la tienda de Massimo Dutti de la que era encargada.
Marcado por esta pérdida, Alejandro ha tenido que enfrentarse también a la imputación de su padre como principal sospechoso del crimen, la hipótesis que siempre ha sostenido la Policía. El móvil que barajó fue el divorcio que semanas antes le había planteado Sonia y la relación que esta había iniciado con un empresario español residente en Venezuela. Pese a todo, el chico ha convivido con él y le ha acompañado en su larga enfermedad, aquejado de un cáncer, hasta su muerte en septiembre pasado.
El caso Sonia Iglesias se cerró provisionalmente en dos ocasiones por el juzgado de Violencia de Género por falta de pruebas. Las claves policiales se ciñen a una horquilla de tres horas (entre las 9.30 y 12.30), desde que su marido la lleva en coche al centro de la ciudad y ella se bajó para ir andando porque había mucho tráfico, hasta que él regresa a casa y fue a un bar que frecuentaba a diario, según corroboraron varios testigos.
En ese lapsus de tiempo, Julio Araújo, de 62 años, que trabajaba en el negocio familiar de venta de muebles, recibió dos llamadas en su domicilio que quedaron registradas por la Policía; una de su hermana y otra de una empleada de la tienda para preguntar por qué su mujer no había ido a trabajar. Al día siguiente, un hombre encontró en una cuneta, cerca del monte Castrove, la cartera de Sonia con la tarjeta sanitaria dentro. Allí comenzaron las batidas de la Policía, pero sin utilizar el georradar sobre el terreno.
Con la reapertura del caso en 2018 la Policía citó a declarar a Araújo, ya imputado, y a un hermano como cómplice. Ninguno contestó al interrogatorio. Los coches de ambos volvieron a centrar las pesquisas, como algunos escenarios ya inspeccionados al principio, y otros sorprendentes como el panteón de la familia Araújo que alberga unas 30 sepulturas. Se sopesaron todas las posibilidades sobre el desenlace de la mujer, incluso la incineración del cuerpo.
Pero este rastreo de la Policía Científica para encontrar restos biológicos de Sonia tampoco dio resultados. “Todo fue desconcertante”, recuerda el abogado de los hermanos Araújo, Jesús Santaló. “Las diligencias se archivaron porque no hubo tiempo material para acabar con la vida de Sonia y deshacerse del cuerpo”, apunta. Sin embargo, el letrado está convencido de que en este supuesto crimen hubo al menos dos cómplices, “no pudo ejecutarlo una sola persona”, y lamenta que hayan quedado sin explorar otras vías de investigación para despejar dudas sobre el caso.
Santaló alude, entre otras, al hombre residente en Venezuela que iba a ver a Sonia a la tienda donde trabajaba, según varios testigos. El teléfono de prepago que ella utilizaba para comunicarse con él y que guardaba en su taquilla confirmó esta relación y sirvió para que la Policía contactase con él. “Este hombre viajaba frecuentemente a Pontevedra, pero la Policía no le tomó declaración”, subraya el abogado. Le llamaron por teléfono y le enviaron un cuestionario. El hombre admitió que habló con Sonia días antes de su desaparición desde Santo Domingo (República Dominicana), para decirle que estaba con su expareja para intentar reconducir la relación.
El expediente que ahora tramita la justicia pondrá fecha al fallecimiento de Sonia Iglesias, lo que permitirá desbloquear los asuntos de carácter legal y administrativo de su hijo, como la herencia de sus padres o la parte de la pensión de orfandad que le corresponde de su madre.
Ahora ha trascendido que la empresa en la que trabajaba siguió abonando, durante un año, la nómina de su empleada tras su desaparición, y también ha asumido el coste de la hipoteca del piso que había comprado Sonia, cuotas que sigue pagando en la actualidad, según confirmaron fuentes del entorno familiar.
El caso no prescribirá mientras no transcurra el plazo legal de 20 años. Después, aunque apareciese el cuerpo o nuevos indicios de un presunto crimen, ya no se podría imputar a nadie. Sonia Iglesias pasaría a los anales de los cientos de desapariciones que siguen sin resolverse en España, o tal vez como crimen perfecto. “Yo diría que más bien ha sido una investigación imperfecta”, incide el abogado Jesús Santaló.
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