El mismo día en que Nicola Sturgeon presionaba a Boris Johnson para imponer controles fronterizos más duros con el fin de frenar la llegada al Reino Unido de la variante ómicron del coronavirus, la dirigente política desplegaba ante sus seguidores los planes para que Escocia alcance su independencia en 2023. La ministra principal de esta nación autónoma ha confirmado, en su discurso de clausura del congreso anual del Partido Nacional Escocés —celebrado también este año de modo virtual por la pandemia—, que su Gobierno comenzará a desgranar el año que viene la hoja de ruta para que los ciudadanos vuelvan a acudir a las urnas, como en 2014, para decidir si quieren romper amarras con Londres. Y el principal argumento para renovar ese compromiso tiene nombre y apellido: Boris Johnson. “El Gobierno de Johnson está erosionando de modo deliberado las competencias del Parlamento escocés democráticamente elegido”, ha dicho Sturgeon. ”Pero ya no se trata de lo que supone él personalmente. El mayor problema del sistema político de Westminster [en referencia al Parlamento del Reino Unido] es que permite que alguien como él sea capaz de acceder al puesto de primer ministro”, ha señalado.
El Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) ganó holgadamente las pasadas elecciones autonómicas de mayo. Se quedó, sin embargo, a un escaño de la mayoría absoluta. La promesa de un nuevo referéndum de independencia podría haberse desinflado con ese resultado, pero la alianza construida de inmediato con los Verdes, todavía más entusiastas que el SNP con la idea de una nueva consulta, mantuvo viva la noción de que existía un mandato de cambio en la nueva Asamblea. Sturgeon alimenta en cada uno de sus discursos políticos la expectativa, a medida que aumenta el desafío hacia el Gobierno conservador de Johnson. “Si respetas la democracia, y estás tan convencido de la fortaleza de tus argumentos en contra de la independencia, permite que el pueblo se pueda pronunciar”, ha reclamado Sturgeon al primer ministro británico.
Aunque la ministra principal escocesa, que ha logrado construir durante la pandemia una imagen de rigor y seriedad nítidamente contrapuesta a la gestión errática de Downing Street, siempre ha supeditado el sueño independentista a la salida definitiva de la actual crisis sanitaria, en su discurso de este lunes ante el partido dejaba claro que no hay marcha atrás. “Desafío a cualquiera a observar el sistema corrupto, quebrado y egoísta de Westminster, del que formamos hoy parte, y concluir que aporta una base segura de futuro para Escocia”, ha retado Sturgeon, después de recordar el golpe que supuso para los escoceses la llegada del Brexit. Votaron mayoritariamente en contra de la salida de la UE. “El año que viene, si lo permite la covid, a medida que salgamos del invierno y nos adentremos en la primavera, reanudaremos la campaña para convencer a la mayoría de escoceses de que nuestro futuro será mucho más seguro como una nación independiente”, ha prometido la líder del SNP. “Y a lo largo del año que viene, iniciaré el proceso necesario para permitir que podamos celebrar un referéndum a finales de 2023″.
Ese proceso “necesario” pasaría por reavivar el Acuerdo de Edimburgo, el pacto entre el Gobierno autónomo y Londres que permitió la celebración de un referéndum en 2014. La fórmula empleada entonces, la llamada Sección 30 (en referencia al apartado de la Ley de Devolución de Competencias a Escocia de 1998), permitía excepcionalmente al Parlamento autónomo la convocatoria de la consulta, a pesar de que el asunto está vinculado a cuestiones constitucionales y era, por tanto, competencia directa del Parlamento de Westminster. Aquel pacto entre David Cameron, entonces primer ministro del Reino Unido, y Alex Salmond, el carismático líder del SNP en ese momento, derivó en una intensa campaña y una consulta por la que los escoceses rechazaron, por un 55,3% frente a un 44,7%, la idea de separarse del Reino Unido. Aquella fue la “decisión que debía durar una generación”, como recuerda Johnson, quien ya ha dejado claro que no permitirá la celebración de un nuevo referéndum.
Hay, sin embargo, un factor que ha alterado profundamente la percepción de muchos escoceses sobre este asunto. El principal argumento de los partidarios del “no” durante la campaña del referéndum de 2014 fue la amenaza de que Escocia saliera automáticamente de la UE con la independencia. Cuando dos años después, una mayoría de británicos optó por el Brexit (mientras una mayoría de escoceses, un 62%, defendía la permanencia en la Unión Europea), la decisión fue interpretada por muchos como un golpe que obligaba a replantearlo todo. A pesar de que Sturgeon ha expresado desde un primer momento su voluntad de hacerlo todo por la vía legal —rechaza expresamente cualquier comparación con la unilateralidad del independentismo de Cataluña—, en los últimos meses ha abierto la posibilidad, ante la constante negativa de Johnson a discutir nada, de impulsar una convocatoria de referéndum aprobada por el Parlamento autónomo. Sabe que serían finalmente los tribunales del Reino Unido —en concreto, el Supremo, en su condición de intérprete constitucional— los que dirimirían el asunto, pero cree que existe base jurídica para defender que los parlamentarios escoceses disponen de esa prerrogativa. Si no para declarar la independencia, sí al menos para preguntar a los ciudadanos si la desean.
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