Antonio Salgado Borge
La carta dirigida por 101 premios Nobel a líderes mundiales esta semana no se va por las ramas. Cuando se trata de enfrentar la crisis climática, “la solución es clara”. En primer lugar, el documento postula que “los combustibles fósiles deben permanecer bajo tierra”. En segundo, afirma que “los líderes mundiales, y no la industria, deben tener el poder y la responsabilidad moral de atender esta crisis”.
Tanto la urgencia de la carta como sus dos premisas principales contrastan con la actitud del gobierno mexicano hacia esta emergencia. El gobierno de la 4T no sólo ha apostado por el petróleo y por las gasolinas, sino que en materia ambiental no ha buscado, ni en el mensaje ni en los hechos, enfrentar la parte que nos corresponde de la crisis con la seriedad que merece.
Cuando se trata de explicar esta posición ante la emergencia climática, tenemos dos opciones principales sobre la mesa. O bien el gobierno no cree que los seres humanos hemos provocado el cambio climático -y que, por ende, depende de nosotros limitarlo- o cree que el cambio climático es un fenómeno real y producido por la humanidad, pero no considera que estemos ante una emergencia lo suficientemente apremiante como para ponerla en primer plano.
La primera de estas opciones, la idea de que AMLO no cree en el cambio climático o no considera que es causado por humanos es la favorita de quienes buscan caricaturizar al Presidente como un ignorante.
Pero esta lectura debe ser descartada contundentemente. Si esta fuese su posición, el Presidente no hubiese dudado en sumarse al discurso negacionista de Donald Trump; un movimiento que hubiese sido tan sencillo como conveniente. Oportunidades de salir del “closet” negacionista, entonces, no han faltado.
Esto no es todo. Es evidente que en la 4T y en Morena existen personas con un perfil muy distinto al de los gobiernos ultraconservadores de Trump o Jair Bolsonaro. Finalmente, aunque poco y de forma tibia, AMLO ha abordado el tema directamente; es decir, el presidente ha aceptado la existencia de este fenómeno. En consecuencia, la caricatura de AMLO como un negacionista climático no tiene fundamento.
Una vez descartada la primera de nuestras dos opciones, sólo nos queda aceptar que estamos ante un gobierno que cree que el cambio climático es un fenómeno real y producido por la humanidad, pero que no lo considera una emergencia.
Existen evidencias concretas que respaldan esta posibilidad. A estas alturas es de sobra conocido que estamos ante un gobierno que, guste o no, suele optar por concentrar poder para ofrecer respuestas a problemas que considera prioritarios. Tal como la carta firmada por 101 premios Nobel indica, en el caso de la emergencia climática esta concentración es tan urgente como indispensable. Sin embargo, en contraste con otros asuntos, cuando se trata de temas climáticos, en la 4T no hay asomo de este tipo de estrategia.
Tampoco existe una suerte de “Green New Deal” mexicano; es decir, de un plan para atajar la emergencia climática con toda la seriedad que merece y que, al mismo tiempo, reduzca la desigualdad. Sembrando Vidas, en el papel quizás la única bandera del actual gobierno en este sentido es un proyecto importante; pero también es excesivamente reducido, enfocado en el aspecto laboral y, por ende, claramente insuficiente.
La 4T no cuenta con un ambicioso megaproyecto de inversión en energías. Esto es indicativo, pues el gobierno actual no ha sido tímido cuando se trata de invertir y de empujar proyectos ambiciosos. Sin embargo, no sólo han brillado por su ausencia, sino que proyectos insignia como el Tren Maya o las refinerías, por muy productivos que puedan llegar a ser en otros aspectos, parecen ir en sentido contrario.
Hemos visto que hay elementos para afirmar que el gobierno de AMLO reconoce la crisis climática, pero no la trata como una emergencia. Ahora debemos intentar entender los motivos de este enfoque.
Los críticos más obcecados de la 4T pueden alegar que este gobierno sólo ve por sus intereses y que le tiene sin cuidado el futuro. Pero esta lectura es poco creíble, pues la 4T es un proyecto concebido para trascender y cuya pervivencia en términos programáticos busca ser empujada a toda costa.
Otra posibilidad es que su aceptación pública de la magnitud ante la emergencia climática, y por ende su reacción ante ella, esté siendo contenida por el nacionalismo que ha caracterizado a la 4T. Aunque tienen ecos importantes en México, tanto los estudios que respaldan la idea de una emergencia como el activismo para frenarla han surgido, en buena medida, fuera de nuestro país.
En este sentido, puede no resultar descabellado suponer que el gobierno de AMLO este viendo los esfuerzos globales por contener la emergencia climática como una forma más en que “los conservadores” buscan imponer su agenda a México.
Aunque esta hipótesis es más plausible que la anterior, tampoco parece ser suficientemente fuerte. Y es que, independientemente de lo que piense de la comunidad internacional, el actual gobierno ha mostrado que es capaz de aceptar cierto grado de cooperación cuando se trata de enfrentar problemas que nos interesan o que nos afectan. El ejemplo más claro de ello es, para mal, el despliegue de la Guardia Nacional como red atrapa-migrantes.
Me parece que una explicación más plausible para la forma en que el actual gobierno ha ninguneado a la crisis climática podría radicar en la idea, central en la 4T, de que combatir la pobreza y la desigualdad deben ser la prioridad más inmediata.
Esta idea, hasta donde entiendo, parte de la base de que no hay progreso que merezca ese nombre si no se mejora radicalmente las condiciones de vida de las personas actualmente marginadas. Y de este principio, algunas personas suelen derivar la siguiente conclusión: si la naturaleza, nuestra matria, debe ser explotada o “quebrada” para garantizar mejores condiciones de vida a una comunidad, que así sea.
A ello hay que sumar que, como es bien sabido, México está sentado sobre una mina de oro negro. Aunque estos recursos han sido explotados desde hace décadas, buena parte de éstos no han llegado a quienes tendrían que haber beneficiado. Desde este enfoque, si todavía es posible seguirlos explotando, pero ahora garantizando su buen uso, ¿por qué no hacerlo? ¿No lo han hecho antes otras naciones? ¿Qué derecho tienen de venir a decirnos que ahora no podemos monetizar nuestras reservas fósiles para ayudar a las personas más vulnerables?
Finalmente, como ocurre en otros casos, la oposición ha ayudado significativamente a fortalecer la posición del actual gobierno. La coalición Va x México está obsesionada en presentar a AMLO como un peligro en lugar de presentar un proyecto ambiental ambicioso, serio y a la altura de las circunstancias.
Lo que es peor, considerando las credenciales en materia ambiental de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, o de los grandes capitales en México, cualquier oferta en este sentido tendría que ser extraordinariamente bien documentada y planteada. Es fácil de entender que muchas personas acepten un proyecto que quiebra la naturaleza para mejorar las condiciones de vida de las personas más marginadas, cuando la alternativa es un proyecto que rompe la naturaleza para concentrar la riqueza.
Lo anterior explica, pero no justifica la actitud de la 4T ante la emergencia climática. El problema central para el actual gobierno es que su ninguneo a esta emergencia implica contradicciones vergonzosas.
Y es que la idea de combatir la pobreza y la desigualdad es incompatible con su desatención a la emergencia climática. Tal como plantea el informe “Cambio Climático y Desigualdad Social” de la ONU, la relación entre desigualdad y cambio climático constituye un círculo vicioso.
Los grupos más desfavorecidos están más expuestos a la crisis climática, sus efectos les impactan desproporcionadamente y tienen menor posibilidad de recuperarse de estos daños. Este círculo aplica tanto en la esfera de naciones, como al interior de cada país. Ningún combate a la desigualdad será suficiente si no incluye un ambicioso plan para atajar la emergencia climática. Por ende, sin importar el pasado, son las naciones y personas en condiciones más precarias quienes tendrían que exigir soluciones radicales e inmediatas.
También existe una relación documentada entre el cambio climático y la migración masiva. Tan sólo en 2018, casi 20 millones de personas tuvieron que desplazarse como consecuencia de la crisis climática. El Banco Mundial ha estimado que casi 150 millones de personas tendrán que migrar en 2050 si no se toman acciones contundentes e inmediatas. Esto representa una tragedia en términos humanitarios de la que México no escapará ni como productor ni como receptor de migrantes.
A ello hay que sumar una serie de consecuencias de la crisis climática que son conocidas, pero no reconocidas por el actual gobierno. Esta crisis afecta radicalmente la salud -principalmente la de personas más vulnerables-, daña a la agricultura -de la que dependen cientos de miles de familias mexicanas-, genera desastres naturales en zonas desfavorecidas e implica un costo multimillonario para los gobiernos que se ven forzados a lidiar con sus efectos.
El actual gobierno federal reconoce la crisis climática, pero no la trata como una emergencia. Es probable que su desatención a este tema se deba a su priorización de la máxima progresista de combate a la desigualdad y a la pobreza.
El problema para este gobierno es que el progresismo del siglo XXI es incompatible con su ninguneo a la emergencia climática; que, dada la forma en que los seres humanos hemos quebrado a la naturaleza, ya no es posible ser progresista sin tratar al cambio climático como una emergencia. Y que, al menos hasta ahora, esto es justamente lo que ha hecho la 4T con su indiferencia hacia nuestra suave matria.
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