Las entidades federativas quieren modificar la Ley de Disciplina Financiera para romper el techo de endeudamiento y enfrentar con crédito sus déficits al final del año.
La caída del PIB repercutirá en las finanzas de los estados a partir de finales de este año y los pondrá ante la necesidad de contratar deuda de corto plazo, a menos que se reforme para permitir ajustes en las finanzas públicas y en los techos de deuda, señala Moody’s.
Las entidades ya prevén el hueco que dejará la caída de 2% de las participaciones federales, su primera caída desde la crisis financiera de 2009 y que representan en promedio 40% de los ingresos totales de las entidades federativas.
Anticipan también el agotamiento este mismo año del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que suele compensar la falta de recursos.
“Estimamos que el fondo se agotará este año y que no alcanzará a cubrir el monto de participaciones presupuestado para 2020”, dice la calificadora.
Las participaciones son recursos no etiquetados que transfiere la Federación a las entidades federativas y que éstas ejercen libremente, los cuales se complementan con las aportaciones, que representan en promedio alrededor de 37% de los ingresos totales y que crecerán 4.7%, pero que llegan etiquetadas para gastos de salud, educación y seguridad.
La situación de las entidades federativas se complicará todavía más debido a un incremento de los gastos en salud por la pandemia y para ayuda a sectores afectados, así como a la celebración de elecciones en 15 estados.
Para enfrentar este escenario los estados apoyan una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) que propone medidas transitorias para permitir ajustes en las finanzas públicas y en los techos de deuda.
La situación es más complicada para las entidades en las que sus ingresos dependen de una actividad, como en el caso del turismo, debido a que la caída de sus ingresos será mayor. “Los estados que observen una caída del PIB local mayor a la nacional en 2020-21 recibirán participaciones federales relativamente menores en años posteriores (pues) la fórmula de distribución toma en cuenta tanto el PIB como la recaudación local y existe un rezago en los datos del PIB por lo que el impacto se observará en 2021-22”.
Poco espacio para moverse
Moody’s prevé que los gastos operativos seguirán creciendo, pues el gasto de capital, que el año pasado cayó 29%, se ha reducido paulatinamente por la caída de las transferencias federales etiquetadas y porque se le usará como recurso de ajuste por los estados que celebrarán elecciones el año entrante.
“En periodos electorales, las entidades tienden a aumentar el gasto y a registrar déficits financieros”, señala.
Conforme los déficits financieros aumenten las presiones de las entidades para cambiar la Ley de Disciplina Financiera y romper el techo de endeudamiento de 15% sobre sus ingresos de libre disposición serán mayores, con el fin de afrontar las necesidades de liquidez al final del año.
En el caso de la deuda de corto plazo, la ley prohíbe que el saldo insoluto represente más de 6% de los ingresos totales presupuestados de un estado.
Moody’s dice que la mayoría de los estados tienen margen para la contratación de este instrumento, sólo que 12 de los 21 estados con deuda de corto plazo tendrán que saldarla el año entrante.