La Comisión Nacional de Búsqueda exhibió las deficiencias del actuar de la Fiscalía de Guanajuato ante este caso.
Por Javier Bravo
Al continuar con las investigaciones en el predio del Barrio de San Juan, en Salvatierra, Guanajuato, la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, exhibió las deficiencias de la Fiscalía General de Guanajuato, luego de informar el rescate de otros cinco cuerpos, que se suman a los 61 que se hallaron dentro de 52 fosas clandestinas.
La funcionaria señaló que el personal de esta dependencia estatal autónoma incurrió en fallas metodológicas en el tratamiento de los indicios, restos y cuerpos inhumados, además de mantener una postura hermética frente a los hallazgos que su personal resguarda en el municipio de Cortazar, cuyo acordonamiento en la zona de Cañada de Caracheo ha sido inaccesible, incluso para el organismo federal.
Estas declaraciones se dan un día después de la toma de muestra de ADN, que la misma Fiscalía estatal realizó por gestión de las comisiones nacional y estatal de búsqueda en el Centro Gerontólogico de Salvatierra. Una convocatoria que movilizó alrededor de 250 familias de los municipios de Celaya, Cortazar, Villagrán, Apaseo el Grande y de la misma localidad.
Tras una jornada que inició a las 7:00 horas y terminó a las 17:00, la fiscal especializada en desaparición de personas, Yolanda Martínez, indicó a las 80 familias que quedaron pendientes que la toma de muestras de ADN, continuaría en el Laboratorio de Química Forense en Guanajuato capital. Si requerían el servicio de traslado, ofreció facilitarlo a través de la oficina local del Ministerio Público.
Comisiones frente a la fiscalía
El caso de Salvatierra motivó un nuevo pronunciamiento frente a la actuación de la Fiscalía de Guanajuato que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre. Karla Quintana advirtió que su personal ha incurrido en fallas metodológicas en el levantamiento y procesamiento de cuerpos localizados en fosas clandestinas.
Este miércoles, junto con el Comisionado Estatal de Búsqueda, Hector Díaz Esquerra, realizó un recorrido en los puntos de hallazgo tanto en Salvatierra como en la comunidad de Cañada de Caracheo, en Cortazar, donde la propia fiscalía informó de la detención de tres hombres en un terreno donde encontraron restos humanos.
En ese contexto, la comisionada señaló que el personal de la Fiscalía estatal ha incurrido en procedimientos inadecuados en la manera de procesar los cuerpos y la forma de numerar los fosas. Por ello urgió a la Fiscalía a enviar un equipo de antropólogos para que participe en los trabajos de rastreo y extracción de cuerpos.
“Es muy importante decir quién procesa los cuerpos, es la fiscalía del estado. Nosotros como comisión los apoyamos, obviamente; seguimos haciendo búsqueda y podemos apoyar metodológicamente en cómo se trabaja en estos puntos. Es importante decir que hemos reforzado el equipo desde la Comisión Nacional trayendo una antropóloga y a un arqueólogo debido a que hemos visto algunas fallas metodológicas en el procesamiento que se ha llevado aquí”, señaló.
Puntualizó que este es el primer hallazgo de esta magnitud en Guanajuato y están dispuestos a transmitir el conocimiento que tienen a lo largo y ancho del país: “vamos a seguir ahí, nos vamos a ir hasta que terminemos de trabajar”.
Quintana resaltó que aunque la fiscalía de Guanajuato es una de las pocas que sí cuenta con este tipo de profesionales, no los ha desplegado en campo.
Sobre las presuntas fosas localizadas en Cañada de Caracheo, no hay información. No se conoce el número de cadáveres que exhumados en ese lugar. La Fiscalía de la entidad no les permitió el acceso a la zona ¿por qué? “Esa es una buena pregunta”, contestó de botepronto Karla Quintana, al explicar que ya solicitó información por escrito, sin recibir alguna respuesta hasta el momento.
“La información que tenemos de Cortazar la tenemos por ustedes. Por los medios, por el posible número de cuerpos. En el momento en el que recibimos información por parte de la prensa, nosotros nos comunicamos con la fiscalía para que nos diera información… Lo que les puedo decir es que nos dicen que no es una carpeta que sea de desaparición de personas”.
Quintana expuso que se comunicó personalmente con la Fiscalía de Guanajuato y le dijeron que el caso está radicado en otra Fiscalía.
“Quiero ser muy clara, porque la ley general en materia de desaparición y el protocolo homologado es muy claro: para la búsqueda de personas desaparecidas y para la investigación -y más para la búsqueda- es irrelevante el tipo penal del que estamos hablando; si es homicidio, trata, secuestro, desaparición forzada; nosotros estamos involucrados, tenemos la obligación y las familias tienen el derecho de recibir información, independientemente de donde está radicada”.
Recalcó que, evidentemente, si hay una fosa clandestina es relevante en términos de desaparición de personas porque lamentablemente, existe una posibilidad de encontrar a una personas que se está buscando.
Incluso, Karla Quintana ventiló que no ha tenido un solo contacto con el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, al menos, desde que iniciaron los trabajos y las búsquedas en campo. Labor que que paradójicamente requiere de comunicación estrecha. Al menos, en el papel.
Por su parte, Díaz Ezquerra también confirmó un cuerpo en el municipio de Villagrán, donde hace un mes encontraron restos óseos, pero descartó que ya se hayan confirmado otros 15 cuerpos en el cerro del Conejo, donde colectivos denunciaron que dentro de las búsquedas su personal volvió a enterrar restos óseos ubicados en el terreno donde ya se habían identificado diversos restos humanos.
Junto al Comisionado Estatal de Búsqueda, Héctor Díaz Ezquerra, reiteraron a la población la disposición de asistir a todas aquellas familias que busquen a un ser querido, aun sin denuncia penal presentada.
Centenares buscando a sus ausentes
El llamado fue para identificar 61 cuerpos inhumados -la cifra hasta este martes- en 52 fosas clandestinas del predio Rancho Nuevo en el Barrio de San Juan; alrededor de 250 familias acudieron al Centro Gerontológico de Salvatierra con la esperanza de dar con sus víctimas ausentes de municipios como Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Villagrán, Cortázar y Celaya.
La convocatoria de la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda fue atendida de manera masiva. Apenas una muestra del grave problema de la desaparición de personas, sólo en esta zona del estado de Guanajuato perteneciente a la región Laja Bajío.
Muchas personas acudieron con denuncias sobre sus familiares con años de antigüedad. Algunas otras por miedo no presentaron ninguna; sin embargo, la esperanza era descartar a su ser querido dentro de las 61 víctimas que fueron exhumadas el pasado entre el pasado 26 y 30 de octubre.
El portal informativo Ágora estuvo presente durante la aglomeración de las familias, en el nosocomio que la Fiscalía de Guanajuato dispuso para la toma de muestras de ADN, como parte del proceso de identificación que procede después de un hallazgo como el reportado por Karla Quintana y Héctor Díaz Ezquerra.
Se trata de un ejercicio inédito en Guanajuato pero que a decir de los colectivos, no se ha realizado en otras búsquedas y en otras circunstancias, aún cuando los hallazgos de personas en fosas clandestinas, al menos en el último mes, superaría el centenar de personas si se agregan los hallazgos de Cortazar.
La familia de Ema Fabiola salió de Celaya para que les hicieran una prueba de ADN. Tienen la esperanza de encontrar a su hija que desapareció hace tres años y sea una de las 61 personas ubicadas en las fosas del Barrio de San Juan.
La familia de Ema contó que su hija trabajaba en un local de buñuelos en el Mercado Cañitos en Celaya. Los videos muestran que hace tres años un grupo de hombres llegaron y la sacaron del local, la llevaron en un carro rojo. Acudieron a la Fiscalía Regional de Celaya a presentar una denuncia, pero poco ha tenido avance ese caso.
“Yo vengo con la esperanza de que las personas nos apoyen y nos ayuden a encontrar a mi hija, pues siento que ellos me podrían ayudar más que en donde tengo la denuncia”.
Hace días supieron de las fosas, sus padres sintieron la esperanza de que podrían encontrar a Emma.
“Yo voy seguido a la Fiscalía, pero ellos me dicen que si no me llaman es porque no tienen noticias del caso. La última ocasión que fui fue hace 15 días, y no pasó nada. Hace un año fui a (Procuraduría) Derechos Humanos, y ellos también dicen que siguen revisando, pero nada”, expone su madre quien omitió dar su nombre.
Otro padre de familia en la fila comentó que sus dos hijos fueron desaparecidos en Salvatierra; hace un año se llevaron a Higinio, un grupo se lo llevó fuera de su casa.
“Nos enteramos por el periódico y porque supimos que estaban sacando restos del Barrio de San Juan, no por que nos dijeran algo más. Solo será el ADN. Sí va uno a Celaya, nos tratan con la punta del pie, no nos dan información y nos dicen que no, y que no, y se acabó”.
Una gran parte de las personas en la fila pidió no ser entrevistado, pues aún se respira miedo en el ambiente.
En la prueba, la Fiscalía de Guanajuato les tomó un piquete para sacarles una gota de sangre, esta se colocó en un papel con sus datos y les comentaron que en lapso de un mes, o mes y medio, les darían noticias.
Las fosas de Guanajuato llegan al Senado
Este mismo miércoles, la senadora de Morena, Malú Micher Camarena, se pronunció en rueda de prensa desde la Cámara Alta de Congreso de la Unión para exigir al Gobierno de Guanajuato que transparente las cifras y ofrezca información oficial sobre los hallazgos de fosas en la entidad.
Resaltó particularmente a la FGE, la cual ha negado sistemáticamente la presencia de tales sitios.
“Además, exhortamos al gobierno y a la fiscalía a que elaboren un registro estatal de fosas y de víctimas inhumadas clandestinamente”.
La legisladora federal argumentó que el gobierno de Guanajuato desatendió por lustros esta problemática “obligando a las padres y madres, hermanas y hermanos, a salir a las calles en búsqueda de respuesta sobre el paradero de sus seres queridos encontrándose en su camino con decenas de fosas clandestinas con restos humanos a lo largo y ancho de la entidad”.
Mícher Camarena citó el Informe sobre la Situación de Fosas Clandestinas de Guanajuato realizado por activistas, académicos de la Universidad Iberoamericana de León y Ciudad de México e investigadores de organizaciones como Data Cívica. Este reveló que de enero 2009 a julio 2020 se identificaron 109 fosas clandestinas y se exhumaron 268 cuerpos en 29 de los 46 municipios.
Los municipios de Pénjamo (11), Irapuato (11), Celaya (8), Villagrán (7) y Acámbaro (7) concentran cerca del 40% del total de fosas. Asimismo, los municipios de Villagrán (43), Irapuato (40), Celaya (23), Apaseo el Alto (18), Pénjamo (17), concentran el 46.3 % del total de cuerpos, “convirtiendo a nuestro estado en una gigantesca fosa común”.
Malú Micher puntualizó que si bien no se ha definido una cifra de cuerpos en Cañada de Caracheo, Cortazar, los colectivos y organizaciones civiles estiman que se puede tratar de entre 20 y 45 cuerpos más.