El Ministerio de Universidades se había marcado el final de enero para renegociar con los rectores, los profesores y los estudiantes la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), pero el cambio de ministro ―de Manuel Castells a Joan Subirats el pasado 20 de diciembre― trastoca los planes iniciales. En su primer encuentro con la prensa, Subirats ha declarado: “Tenemos el compromiso de aprobar la ley en el primer semestre de 2023. Si consideramos que la tramitación de una ley orgánica puede llevar entre seis y siete meses de margen, yo pediría a los actores que me permitan hacer un poco mía esta ley. Que pueda tener un tiempo para calibrar y valorar”. Castells ya abogó por buscar el consenso tras un enfrentamiento abierto con los rectores, que se negaron a emitir un informe sobre la LOSU al considerar que no estaba acabada.
Subirats ni ha querido detallar qué partes de la ley está dispuesto a cambiar para contentar a la comunidad universitaria: “No puede ser una ley que agote toda la normativa. Tiene que ser una ley de bases, que haya adaptaciones a las distintas realidades. La autonomía, la diversidad y la igualdad tienen que ser los elementos clave que hay que salvaguardar”.
“No me comprometo en decir cuando irá en segunda lectura al Consejo de Ministros”, ha manifestado el catedrático emérito de la Autónoma de Barcelona. Primero dialogarán con la comunidad universitaria y después se reunirán con los partidos más favorables a aprobar la ley: “El debate parlamentario puede servir para afinar algunas cosas, pero es evidente que vamos a ir hablando [con los grupos parlamentarios]”. Las universidades catalanas, y así se lo han transmitido a los partidos nacionalistas, quieren que no se ponga fin al sistema 3+2 (tres años de carrera y dos de máster) como se aprobó en un decreto de 2021 y Subirats no parece dispuesto a revertir esa decisión de Manuel Castells. Recuerda que los títulos europeos, en colaboración con otras universidades comunitarias, permite seguir con el modelo 3+2.
Subirats, que pretende aprobar una ley de enseñanzas artísticas con el Ministerio de Educación, no ha querido solo centrarse en la LOSU sino en otros objetivos de su mandato en pleno momento de trasformación de los retos tecnológicos, ambientales y de desigualdades sociales. Considera que “no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época”, y opina que las universidades no han prestado suficiente atención al aprendizaje a lo largo de la vida, centrándose en la población diana de 18 a 24 años que va a ir descendiendo, cuando la Unión Europa ha pedido a los gobiernos centrarse en estas enseñanzas en un momento de constante cambio, en el que no se sabe cómo va a afectar la inteligencia artificial a los puestos de trabajo (también los más cualificados). España, ha recordado, está a la cola de Europa porque tiene una estructura anómala: 40% de universitarios, 20% con estudios postobligatorios no universitarios (Formación Profesional) y un 40% que cuenta como mucho con formación primaria. Mientras que en la UE los porcentajes son 40%, 40% y 20%, respectivamente.
A Subirats, que se ha reunido ya con los ministros de Economía, Trabajo, Ciencia y Educación, no le preocupa el nivel de investigación, pero si cree que hay que ayudar a que esta ciencia llegue no solo a las empresas, sino con conocimiento abierto al entorno local o las ONG. Y cree que hay que replantearse cuál es el valor de la presencialidad en la docencia ―como ha demostrado la pandemia― cuando vamos a ir a un mundo mixto con la virtualidad. El ministro cree que las universidades y las comunidades autónomas tienen, asimismo, que estudiar en profundidad los problemas mentales de los jóvenes que están pasando malas épocas por la falta de socialización.
A vueltas con la selectividad
En enero surge siempre el debate de la homogeneización de los accesos a la universidad ―la antigua selectividad― pues las diferencias entre comunidades son grandes. Una mesa ―en la que están presentes las autonomías, los ministerios de Educación y Universidades y las universidades― va a trabajar sobre este tema y Subirats se ha mostrado abierto al diálogo: “Hay que combinar tres cosas: la autonomía de las universidades, la autonomía de las comunidades y el reconocimiento de la diversidad; y, al mismo tiempo, hay que ser responsables del sistema de igualdad. Es decir, creo que el sistema no puede ser ni excesivamente centralizado ni atomizado. Se tienen que dar unas condiciones de funcionamiento que permitan que una persona acceda a la universidad con unas condiciones parejas. ¿Tienen que ser exactamente las mismas? Tenemos que irlas viendo”. Esta idea es compartida por la conferencia de rectores (CRUE) y ya llegó a conformarse una mesa antes de la pandemia.
Preguntado por la homologación de títulos, que tiene en la actualidad una demora de dos años, y que supuestamente iba a cambiar en poco tiempo ha contestado su jefa de gabinete Marta Cruells. Sobre el nuevo decreto que agilizará los trámites hasta los seis meses en el plazo de trámite, Cruells ha asegurado que el texto está “justo en el momento en el que los ministerios tienen que informar sobre el decreto y pasar después al Consejo de Estado, está prácticamente al final de la tramitación”. Mientras tanto, Universidades ha puesto en marcha “un plan de choque” con más personal que está digitalizando el proceso de solicitud que hasta 2021 era manual.
Finalmente, respecto a hipotéticos problemas para impartir clase en castellano en Cataluña, Subirats ha recordado que hay libertad de cátedra y ha rememorado sus primeros años como profesor en la Universidad de Barcelona, cuando “lo difícil era poder dar clase en catalán”.
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