Lo que se describe como “calma tensa” es una realidad estos días en Sudáfrica. Los taxistas están más alertas de lo habitual, algunos conductores habituados a hacer el trayecto Pretoria-Johannesburgo aseguran que se circula con más impaciencia, y las habituales bromas y el sarcasmo que caracteriza a las tertulias de radio parece haberse contaminado de la incertidumbre negativa con la que muchos sudafricanos se enfrentan al actual periodo post-disturbios. Las heridas permanecen abiertas tres semanas después de que el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma desencadenara la peor ola de violencia en Sudáfrica desde el final del apartheid, hace casi tres décadas. Solo algunos de los 40.000 negocios afectados han podido reabrir sus puertas y la investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron 337 personas aún no ha concluido. El Gobierno ha calculado un coste en daños materiales que asciende a 50.000 millones de rand (2.994 millones de euros) y ha asegurado que 150.000 puestos de trabajo están en peligro.
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“Se mantiene la calma porque el Ejército está en la calle, pero no tenemos la seguridad de que no vuelva el caos”, explica un taxista al filo del toque de queda, que en Sudáfrica expira a las diez de la noche, siguiendo el protocolo covid del nivel de alerta tres. “Lo hemos pasado muy mal, la inseguridad, la gente desesperada llevándose lo que encontraba. El Gobierno no debe permitir que vuelva a suceder”, apunta el guardia de seguridad de una de las estaciones de tren que unen las dos ciudades de la provincia de Gauteng que se vieron más afectadas por los disturbios.
La esperada y aclamada restructuración del Gobierno tras la crisis de principios de julio se hizo realidad el jueves pasado. El presidente Cyril Ramaphosa lanzó un mensaje a la nación que ha contentado a muy pocos. Los cambios en los ministerios apenas son destacables porque se ha limitado a moverles de sitio, como si se tratara de un juego. Solo salen del Gobierno dos ministros que han dimitido (de Sanidad y Finanzas); ha nombrado a nuevos titulares para las carteras de Presidencia y Recursos Energéticos y Minerales, porque habían fallecido. Así que únicamente sale del Gobierno un viceministro al que no le ha asignado un nuevo puesto.
Lo más destacado es que, como ya hizo el presidente Thabo Mbeki, Ramaphosa asume bajo su responsabilidad directa la seguridad nacional (que incluye a los servicios secretos), algo que ha sido criticado por los partidos de la oposición porque supone una mayor “politización” de las fuerzas del orden. “El presidente ha decidido que necesita cierto control directo, lo que no presagia nada bueno para la democracia porque hay ciertas instituciones que debes dejarlas y no interferir en su cadena de mandos”, asegura el analista político Ralph Mathkega.
Entre las decisiones más polémicas, Ramaphosa no ha cesado a Bheki Cele, ministro de Policía, a pesar de la incredulidad que generaron sus explicaciones respecto a la inacción y lentitud con la que se controló la insurrección. Y ha nombrado a Enoch Godongwana, exdirector del Banco de Desarrollo de África Meridional, como ministro de Finanzas, a pesar de que estuvo relacionado con la desaparición misteriosa de 120 millones de rands (7,1 millones de euros) del fondo de pensiones de los trabajadores del textil. “Con el país arrodillado, necesitamos talento nuevo, no un cambio de posición en la baraja, con ministros en un interminable juego de las sillas en el que se sientan cuando deja de sonar la música”, argumenta Narend Singh, líder del Partido de la Libertad Inkatha.
El germen de los disturbios fue el encarcelamiento el pasado 8 de julio del expresidente Jacob Zuma para cumplir una pena de 15 meses tras rechazar en tres ocasiones presentarse ante la Comisión Zondo. Esta le juzga por 16 cargos de fraude, corrupción y crimen organizado. Las protestas se transformaron en pocos días en el caos de un país con un grave desequilibrio social y económico. Los primeros resultados de la investigación apuntan a que colaboradores y simpatizantes de Zuma fueron los instigadores iniciales de algunas de las protestas más violentas como la que se vivió en Phoneix con 36 muertos.
Tras un mes en prisión, Zuma deberá comparecer este martes ante la corte de Pietermaritzburg en un juicio abierto. Un nuevo momento de tensión que podría quedar frustrado porque el viernes pasado, la prisión de Estcourt, situada a cien kilómetros del tribunal, informó de que el exmandatario había sido trasladado a un hospital sin ofrecer más detalles. Desde la Fundación Zuma se apresuraron a difundir un tuit en el que explicaban que había sido sometido a su rutinario control médico anual, y añadían: “No hay necesidad para alarmarse, por ahora”.
A Zuma, de 79 años, se le acusa de haber recibido más de 700 sobornos, entre ellos pagos en efectivo de la empresa francesa Thales, durante la década anterior a acceder a la presidencia del país (incluido cuando ejercía como vicepresidente) y podría ser condenado a 25 años de cárcel.
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