JOHANNESBURGO – La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática de la nación austral, acumula ya 72 muertos y 1,234 detenidos, mientras la Policía y el Ejército unen fuerzas para estabilizar las zonas afectadas.
Los graves incidentes se concentran en dos regiones: la oriental provincia de KwaZulu-Natal y el corazón político y económico de la nación más desarrollada de África, la provincia de Gauteng (donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria).
En esas zonas, durante los últimos días turbas de personas arrasaron completamente centros comerciales y tiendas, quemaron vehículos e inmuebles y cortaron calles y carreteras.
Lo que comenzó como protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma por desacato judicial, degeneró en una oleada de saqueos y vandalismo indiscriminado de una magnitud que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, comparó con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa, tras el final del sistema segregacionista del “apartheid”.
“El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo”, lamentó Ramaphosa la noche del lunes en un mensaje a la nación.
DESPLIEGUE MILITAR PARA APOYAR A UNA POLICÍA DESBORDADA
Hasta las 9:00 p.m. del martes (hora local), el balance de víctimas mortales ascendía a 72, con 45 muertos en Gauteng y 27 en KwaZulu-Natal, según los últimos datos difundidos por la Policía sudafricana, que también confirmó un total de 1,234 detenciones.
La situación durante la jornada se mantuvo fuera de control en muchos puntos por la caótica afluencia de gente, incluso a pesar del despliegue de 2,500 soldados para apoyar a la Policía, que se había visto completamente sobrepasada por los altercados tanto el martes como las pasadas jornadas.
“Los saqueos continúan, así que no puedo decir que (la situación) esté bajo control”, admitió pasado el mediodía del martes el jefe del gobierno de Gauteng, David Makhura, en declaraciones a la prensa.
Por la mañana del martes, en una rueda de prensa, el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, había subrayado que “ningún descontento o circunstancias personales” daban “el derecho a nadie a saquear, vandalizar y hacer lo que quieran e incumplir la ley”.
El número de muertos por el incendio de un hospital dedicado al tratamiento de pacientes aislados de COVID-19 en la ciudad de Nasiriya, en el sur de Irak, aumentó a 92, según fuentes oficiales.
Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad de prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes -tanto a nivel personal como material- no debían tampoco tomarse ahora la justicia en sus manos.
Asimismo, las autoridades sudafricanas apelaron a las comunidades y los líderes sociales para que, como está ocurriendo en contrapartida en otras provincias del país, la sociedad civil se organice para impedir y desalentar los saqueos y la violencia.
DE PROTESTAS PRO-ZUMA A DISTURBIOS INDISCRIMINADOS
Los incidentes empezaron el pasado viernes en KwaZulu-Natal, provincia natal del polémico expresidente Jacob Zuma, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por corrupción.
Aunque el exmandatario se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, Zuma había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución políticojudicial y en que la pena de prisión sería para él una “sentencia de muerte”.
En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar carreteras como muestra de apoyo.
En los siguientes días, esas protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras zonas, especialmente en el área de Johannesburgo.
Pero para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la pandemia del COVID-19.
“Lo que estamos viendo ahora son actos de criminalidad oportunista, con grupos de gente instigando el caos meramente como coartada para saquear y robar”, señaló Ramaphosa el lunes.
El presidente ha advertido de que la caótica situación va a impactar en la seguridad alimentaria y sanitaria del país, además de suponer un severo revés para la recuperación económica y para el avance del plan de vacunación contra el coronavirus.
El Ministerio de Salud confirmó el martes, de hecho, que en las zonas afectadas hubo interrupciones de la inmunización contra el COVID-19, pero también problemas de acceso a otros servicios médicos básicos, como la medicación para la diabetes, el VIH o la tuberculosis.
Los disturbios se producen en el peor momento de una agresiva tercera ola de COVID-19 impulsada por la variante Delta, con unos 2.2 millones de contagios acumulados y 64,000 muertes.
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