*Sería benéfico para las finanzas públicas y para la competitividad de ALC, señala investigador del BID
Washington, 7 Jun (La Neta Neta).- El cambio climático implica riesgos y desafíos tan grandes como los presentados por el COVID-19, porque ambos no respetan los límites geográficos, ponen vidas en riesgo y exigen acciones a gran escala de los gobiernos, pero también presentan oportunidades para decidirse a aplicar un impuesto al carbono.
Mauricio Tolmasquim, investigador de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), considera que en medio del trágico costo económico y humano, la pandemia ofreció beneficios ambientales inusuales, como un aire más limpio y menores emisiones de carbono.
Los gobiernos han respondido a la COVID-19 con un aumento sin precedentes en el gasto público, por lo cual aprovechar este momento para la implementación de paquetes de estímulos verdes es el camino para que la recuperación de la economía ponga al mundo en la dirección correcta, señala.
Las crisis de la pandemia y la climática están vinculadas, por lo que la forma en que los gobiernos elijan enfrentar el daño causado por el primero definirá cómo la humanidad estará preparada para enfrentar el segundo.
Estima que hacer frente al daño económico causado por la pandemia tendrá un gran impacto en la salud financiera de los gobiernos, por lo cual la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles es una prioridad para avanzar en la mejora de las finanzas públicas de varios países de la región y para además tener un impacto positivo en el medio ambiente.
Explica que en 2017, los subsidios al combustible en América Latina y el Caribe superaron los 193 mil millones de dólares, siendo los cinco países con valores más altos México (51.23 mil millones), Brasil (40.71 mil millones), Venezuela (30.88 mil millones), Argentina (17.72 mil millones) y Colombia (13.89 mil millones).
Adicionalmente, propone, la implementación de un impuesto al carbono es una alternativa para aumentar los ingresos que no dependen de incrementar los impuestos sobre el trabajo o los ingresos.
“Es un mecanismo eficiente, ‘basado en el mercado’, que envía un mensaje claro de que el contaminador debe pagar las emisiones. La tasa al carbono, al aumentar el precio de los productos contaminantes, asegura que los consumidores tomen decisiones de compra e inversión, teniendo en cuenta el cambio climático”, menciona.
Asimismo, incrementará el precio de los combustibles fósiles en función de las emisiones de carbono de cada fuente de energía, alentando a los usuarios de carbón a reemplazarlo con gas natural o con fuentes renovables.
Este impuesto también fomenta la sustitución de bienes y servicios con alto contenido de carbono por tecnologías bajas en carbono.
Añade que la introducción de un precio del carbono en este momento tendrá un impacto menor en el consumidor y será más fácil que antes, cuando los precios del petróleo eran mucho más altos y la gente se movía más. Actualmente tendría menos impacto que en el futuro cercano, cuando la gente viaje nuevamente y el precio del petróleo se incremente de nuevo.
De acuerdo con el investigador del BID, América Latina y el Caribe tendrían mucho qué ganar con la introducción de un impuesto al carbono, ya que su gran potencial para los recursos naturales y los bajos precios de las fuentes de energía renovables en la región significan que un eventual impuesto al carbono global aumente la competitividad relativa de los productos en los países de la región.
Más de una cuarta parte de la energía primaria utilizada en el área es renovable, el doble del promedio mundial. Y en cuanto a la generación de electricidad, la posición de la región es aún más envidiable: casi la mitad de la generación proviene de fuentes renovables frente a menos del 25 por ciento del promedio mundial.
“La adopción de un impuesto al carbono por parte de los países de ALC pondría a la región a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, y permitiría mantener los paquetes de incentivos necesarios para la reanudación del crecimiento económico y del empleo en el período posterior a la COVID-19, e incluso haría posible mantener un ‘ingreso básico’ para la población más pobre y aumentar la competitividad de las empresas por su acceso a energía renovable abundante y barata”, concluyó Tolmasquim.
MADA/ACP