Este 3 y 4 de mayo se cumplieron 18 años de los hechos de represión social en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad estatales y federales.
En particular, se cumplen 18 años de la lucha de 11 valientes mujeres, sobrevivientes de tortura sexual, que continúan señalando los pendientes del Estado para garantizar justicia y no repetición.
La histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que hace más de 5 años declaró responsable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y ordenó una serie de medidas de reparación, hoy permanece incumplida.
En particular, las autoridades no han incluido a las sobrevivientes en el seguimiento a las investigaciones y éstas no se han conducido de acuerdo a las líneas establecidas en la sentencia de la Corte IDH.
La impunidad también ha imperado debido a múltiples obstáculos y omisiones de distintas autoridades.
A más de un año de que el expediente haya sido remitido de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), no ha habido avances sustantivos.
Por el contrario, la FEVIMTRA ha limitado su acción sin lograr que se investiguen los hechos en su totalidad, se identifiquen responsabilidades de la cadena de mando, así como ha limitado la participación de las mujeres y sus representantes.
El Estado, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no ha sido capaz de establecer una ruta de rehabilitación efectiva y sensible para atender las necesidades de salud de las mujeres.
También sigue sin materializarse la creación del observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, que se estableció en la sentencia de la Corte IDH para garantizar la no repetición.
Asimismo, el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual no ha sesionado desde la emisión de sus lineamientos en marzo de 2023, sin que a la fecha se conozca qué acciones se están tomando para la implementación de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico en la materia publicado en 2022 por Segob.
En este memorial de los hechos, reiteramos la exigencia de las mujeres sobrevivientes a que el Estado mexicano salde la deuda que ya tres administraciones federales han venido arrastrando.
Y que las autoridades se aseguren de que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados.
El incumplimiento de la sentencia del Caso Atenco ocurre, además, en un contexto en el que desde el Gobierno Federal se han incrementado las expresiones que cuestionan la legitimidad y autoridad de la Corte IDH, como ocurrió recientemente en la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, lo que en sí mismo implica también un retroceso.
En un contexto de cambio de gobierno, recordamos que el Estado tiene la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales, dar cabal cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y asegurar la reparación integral para ellas.
En un país donde la tortura sexual contra mujeres es una práctica que persiste, es indispensable que el Estado actúe para asegurar justicia a las sobrevivientes e implementar medidas para garantizar que hechos como los de Atenco no vuelvan a suceder.
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