Rishi Sunak está decidido a construirse un carisma a partir de resultados concretos y de promesas cumplidas. Primero se empeñó en enderezar la economía, luego en reconducir el gran escollo del Brexit en Irlanda del Norte. Ahora ha llegado el turno del control de la inmigración irregular.
El primer ministro y su responsable de Interior, Suella Braverman, anunciarán este martes medidas más duras para aquellos que intentan poner un pie en el Reino Unido de manera irregular (”ilegal”, insiste en llamarlo el Gobierno británico, a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas).
Todas las personas que lleguen a las costas de Inglaterra a bordo de las embarcaciones que cruzan clandestinamente el canal de la Mancha verán rechazadas por inadmisibles sus solicitudes de asilo. Y a diferencia de la legislación actual, que impone una prohibición de volver a entrar de entre cinco y 10 años a aquellos que fueran expulsados del país por intentar acceder de modo irregular, el Gobierno de Sunak pretende que la prohibición sea de por vida. La nueva Ley de Inmigración Ilegal impondrá sobre quien ocupe el cargo de ministro del Interior la obligación de deportar a terceros países a todos los irregulares, “tan pronto como sea factible”, según las filtraciones y avances del texto que Downing Street ha proporcionado a distintos medios británicos a lo largo del fin de semana.
“La inmigración ilegal no es justa para el contribuyente británico, como no lo es respecto a aquellos que llegan al país de modo legal. Y no está bien que permitamos que las bandas criminales sigan practicando este tipo de comercio inmoral [viajes clandestinos para inmigrantes]. Estoy decidido a cumplir con mi promesa de poner freno al flujo de pateras. Que no se equivoque nadie: si entran aquí de un modo ilegal, no podrán quedarse”, decía Sunak al periódico tabloide conservador Mail on Sunday el domingo.
Mucho más que el Brexit, incluso que la crisis del coste de la vida, la inmigración irregular se ha convertido en la piedra de toque que puede reforzar o arruinar las expectativas electorales del Partido Conservador en las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2024. El electorado tory es incapaz de absorber una realidad a la que el continente europeo lleva años haciendo frente, pero que es relativamente reciente en el Reino Unido. En enero de 2023, según cifras del propio Ministerio del Interior, llegaron un total de 1.180 inmigrantes a las costas británicas, después de atravesar el canal de la Mancha. Unos pocos menos que en enero del año anterior (1.330). La tendencia de los últimos años, sin embargo, refleja un incremento exponencial que ha desatado las alarmas. El año pasado cruzaron el canal casi 46.000 inmigrantes; en 2021, fueron 28.500; en 2020, 8.466; en 2019, 1.843; en 2018, el primer año en que el Gobierno comenzó a contar los inmigrantes interceptados, 299.
En diciembre, Sunak anticipó en el Parlamento parte de las medidas que quería impulsar para poner freno al problema. Durante el mandato de Boris Johnson —no tanto en el breve interludio de Liz Truss, su sucesora directa—, la tensión derivada del Brexit complicó el entendimiento entre Londres y París. El Gobierno conservador británico reprochaba al Ejecutivo francés que no hacía lo suficiente para impedir la salida al mar de embarcaciones clandestinas desde sus costas. Y reclamaba, sin éxito, poder repatriar a Francia a los inmigrantes irregulares que hubieran llegado a las costas británicas procedentes de ese país.
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Pero a mediados de noviembre, con Sunak ya como primer ministro, Londres y París cerraron un nuevo acuerdo por el que agentes británicos podrán estar presentes, por primera vez, tanto en la sala de control de las operaciones puestas en marcha desde territorio francés como en las patrullas que se desplieguen sobre el terreno costero. Era una petición de Downing Street que, hasta ese momento, el Gobierno de Emmanuel Macron no se planteaba por la dificultad legal y técnica que suponía, y por el modo en que ponía en cuestión la soberanía territorial de los franceses.
Sunak y su ministra del Interior, Braverman, viajarán el viernes a Francia para reunirse de nuevo con Macron y su equipo. Downing Street confía en obtener rédito del buen clima creado después de que Londres y Bruselas alcanzaran finalmente un acuerdo, la semana pasada, para poner fin al litigio más envenenado que les ha enfrentado en los dos últimos años: el encaje de Irlanda del Norte en la era post-Brexit. “Hemos alcanzado un pacto fantástico con el llamado Acuerdo Marco de Windsor [el nombre adoptado para los cambios en el Protocolo de Irlanda], y confiamos en que este asunto [la inmigración irregular] se aborde con el mismo espíritu. Confío en que también tengamos éxito”, ha dicho George Freeman, el secretario de Estado de Ciencia, pero sobre todo el miembro del Gobierno encargado de hacer este lunes la ronda matinal por los distintos medios para transmitir el ánimo oficial ante la noticia.
Críticas de las organizaciones humanitarias
El goteo constante de informaciones y promesas de mayor dureza con la inmigración irregular mantiene en estado de alerta a las principales organizaciones humanitarias del Reino Unido, que han alertado a Downing Street de que sus planes son “impracticables”, “muy costosos” y absolutamente “contrarios a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas”.
“La mayoría de los hombres, mujeres y niños que cruzan el canal lo hacen porque están desesperados por huir de la guerra, el conflicto y la persecución”, ha dicho Enver Solomon, el director ejecutivo de UK Refugee Council, la organización humanitaria más activa en el Reino Unido en defensa de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo. “La legislación fallida del Gobierno no va a detener la llegada de embarcaciones, y supondrá que decenas de miles de personas acaben retenidas en centros con un alto coste, en un limbo permanente y tratadas como criminales por el mero hecho de buscar refugio”, ha denunciado Solomon.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha expresado sus sospechas de electoralismo ante el enésimo anuncio de un plan, justo antes de las elecciones locales de mayo, que serán la primera prueba de la popularidad del Gobierno conservador actual. “Ya tuvimos otro plan el año pasado que iba a acabar con las organizaciones criminales [que trafican con los inmigrantes]. No lo hizo. Ahora nos anuncian una nueva ley muy similar. Sinceramente, no creo que lleguemos muy lejos con propuestas que son irrealizables”, ha dicho Starmer a la cadena de radio LBC.
Sunak también está empeñado en seguir adelante con las deportaciones a Ruanda, después de que, en diciembre, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales sostuviera que el acuerdo alcanzado en su día con las autoridades de aquel país africano era legal. El primer avión fletado para poner en marcha la polémica solución fue frenado en tierra el pasado junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las principales organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y hasta el entonces príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, calificaron de inhumana e injusta la política.
A falta de conocer los detalles concretos de la nueva ley, el Gobierno británico ha sugerido que endurecerá también el proceso de solicitud de asilo, para que resulte más difícil obtenerlo. Sunak se ha comprometido a reducir a la mitad el tapón actual de solicitudes atascadas en la Administración británica. En concreto, quiere llegar a finales de 2023 con 92.000 de las 166.000 peticiones pendientes ya solucionadas.
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