La intención de Donald Trump de designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas ha provocado corrientes eléctricas en la espina dorsal de buena parte de los mexicanos. En las versiones más catastrofistas algunos ya se imaginan el ataque de un dron al capo que baila música banda en una boda en una ranchería de Culiacán. ¿Es una baladronada más de Trump o el inicio de una nueva pesadilla?
¿Cuán factible es que Trump lo haga en los hechos?. Hay dos vías para declarar terrorista a una organización de acuerdo a las leyes estadounidenses; la primera es tortuosa y requiere una petición justificada por parte del Departamento de Estado al Congreso. La segunda vía consiste simplemente en una orden ejecutiva del presidente y punto. Algo que Trump puede hacer en cualquier momento.
La argumentación para designar como terrorista a una organización se centra en dos argumentos. Por un lado, que las acciones del grupo califiquen técnicamente como de índole terrorista: groso modo, acciones directas contra la población e instalaciones con la intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún otro mensaje a un público más amplio que no sea a las víctimas inmediatas. Y segundo, organizaciones cuya actividad amenaza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional (es decir las relaciones exteriores y los intereses económicos de los Estados Unidos).
En este momento la lista oficial de organizaciones clasificadas como terroristas por el Gobierno de la Casa Blanca asciende a 68, entre ellas las FARC y el ELN de Colombia; la gran mayoría remiten al medio y lejano oriente. No obstante nunca había sido incluida una agrupación que no tuviese un propósito político o ideológico explícito. La inclusión de los carteles de la droga sentaría un precedente con profundas implicaciones. Ni siquiera la organización de Pablo Escobar fue clasificada con esta etiqueta, a pesar de recurrir a distintas acciones para aterrorizar a la población y presionar al Gobierno colombiano en contra de la firma de un tratado de extradición (120 carros bomba incluidos).
¿Hay bases para que Estados Unidos considere a los carteles como organizaciones terroristas y como lo hace con ISIS?. En una versión elástica del término, la masacre de comensales indiferenciados en un restaurante que rehusó pagar una extorsión, podría calificarse como un acto terrorista. Pero en esa lógica también lo sería el asesinato indiscriminado de clientes de piel bronceada en un Wal Mart por parte de un pistolero que exige la expulsión de latinos y pertenece a una organización supremacista blanca.
La segunda condición es más contudente. El Centro para la Prevención y el Control de Drogas afirma que alrededor de 70.000 estadounidenses fallecen cada año por sobredosis. Muchas de estas muertes pueden ser vinculadas a la heroína y metanfetaminas procedentes de los carteles mexicanos.
Trump no tendrá ningún problema en argumentar que las bandas criminales son una amenaza para los intereses y la seguridad de su país y sus habitantes. Aunque con ese criterio, y considerando el mundo interdependiente en el que vivimos, muchos factores que afectan la seguridad de los ciudadanos de cualquier país son propiciados por las acciones de sus vecinos. Por ejemplo, las armas ilegales procedentes de Estados Unidos con las que nos matamos los mexicanos. ¿Qué consecuencias tendría para México la puesta en marcha de esta decisión? Como muchas leyes, estará sujeta a las ganas que tengan de aplicarla y la interpretación que gusten darle. El margen de acción contra una banda terrorista remite a dos documentos. La ley pública 104-132 de Bill Clinton que entre otras cosas señala que “El presidente debe utilizar todos los medios necesarios, incluida la acción encubierta y la fuerza militar, para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por los terroristas internacionales”.
La otra norma deriva de la orden ejecutiva 13.224 y de la llamada Ley Patriótica de George Bush, tras los atentados de Nueva York, que amplían las facultades del Gobierno para intervenir en el universo bancario y financiero internacional. Un margen de intervención que intimida al mundo de las finanzas casi tanto como un misil en medio de una boda campirana. Toda institución bancaria que proteja o albergue depósitos vinculados al lavado de dinero de una organización terrorista es susceptible de ser investigada y sancionada, sus fondos congelados o impedida de hacer operaciones con empresas estadounidenses.
En un mundo ideal podría no ser una mala idea la decisión de aumentar la presión sobre bandas que el Gobierno mexicano ha sido incapaz de combatir y convierten a los ciudadanos en las primeras víctimas. Algunos quieren ver en Trump y su belicismo al Superman que venga a salvarnos de los villanos. Pero en un mundo real, en el que un soberano impredecible y colérico como Trump nunca ha escondido sus deseos de mortificar a México, por no hablar de la históricamente abusiva agenda del poderoso vecino, la noticia es, en efecto, un motivo para aterrorizarnos.
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