La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió en trámite una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por la aprobación del acuerdo que aplaza temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las ministras que presiden la Comisión de Receso, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, concedieron la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo Federal.
“Se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia”, enuncia una notificación publicada este lunes.
Sin embargo, las ministras no aclararon cuáles son los alcances de la medida cautelar otorgada, como sucedió la semana pasada, cuando admitieron la controversia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y ordenaron que el INE retomara el proceso de revocación de mandato.
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“Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión”, determinó la Corte el pasado 22 de diciembre.
De acuerdo con la Comisión de Receso, será hasta enero cuando la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados será turnada a alguno de los 11 ministros del máximo tribunal del país. Y además, se definirá si se le da el carácter de prioritaria.
“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, afirmó la semana pasada el máximo tribunal del país.
El consejero del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona, declaró este lunes durante una entrevista concedida a Aristegui en Vivo, que son insuficientes los alrededor de mil 500 millones de pesos que consiguió el órgano para la realización de una consulta de revocación de mandato el próximo año, por lo cual se interpuso una controversia constitucional que resolverá la Suprema Corte en las siguientes semanas.
El pasado 23 de diciembre el diputado Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de seis consejeros electorales y del secretario ejecutivo del INE, por presuntamente coaligarse como servidores públicos “para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento o impedir su ejecución”.
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Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia matutina de este lunes que los consejeros del INE “cometieron un error” al frenar el proceso de revocación de mandato, hizo un llamado a “no penalizar nada”, luego de la denuncia que interpuso Morena, y recordó que será la Suprema Corte la que resuelva la controversia.
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