CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal, en una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país, en línea con otras naciones en América Latina, aunque grupos conservadores ya consideran organizar movilizaciones contra el fallo.
Por unanimidad, los tres ministros de la Primera Sala de la corte declararon el miércoles inconstitucional el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto, en una decisión elogiada por diversas organizaciones dentro y fuera del país mayoritariamente católico.
Con esta medida se dio “un paso más allá” de la sentencia de la corte del 2021, cuando se declaró inconstitucional penalizar el aborto, pues ahora con la modificación del Código Penal Federal todas las instituciones de salud federales, que cubren 70% de la población, están obligadas a prestar los servicios de interrupción del aborto, dijo a The Associated Press Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que presentó la acción ante el máximo tribunal.
Fulda aclaró que la sentencia no cubre a 21 de las 32 entidades federativas del país donde aún no se han modificado los códigos penales estatales en materia de aborto, pero señaló que espera que la decisión de la corte impulse a los legisladores de esos estados a hacer los cambios para que los centros de salud estatales puedan realizar los procedimientos.
La activista dijo que aún está pendiente de decisión en el máximo de tribunal otras acciones que presentó el grupo en defensa de derechos reproductivos de las mujeres y otras organizaciones para despenalizar el aborto en esos 21 estados. “Es cuestión de tiempo para que se tenga este efecto cascada con lo que sucedió hoy”, agregó.
El máximo tribunal dijo en un comunicado que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son “inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir”.
Sostuvo que la criminalización del aborto constituye un “acto de violencia y discriminación por razón de género”. Asimismo, se determinó que es inconstitucional la regulación que impone la suspensión del ejercicio de la profesión a los médicos o parteras que practiquen los abortos.
La Corte señaló que el Congreso debe derogar las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario antes de que finalice el período de sesiones tras la notificación de la sentencia.
La decisión llega en medio de una tendencia en América Latina en general en avanzar a favor del aborto pero cuando varios estados de Estados Unidos caminan justo en sentido contrario, aumentando las restricciones.
La histórica resolución generó posiciones encontradas en México, un país mayoritariamente católico, donde hay una fuerte presencia de organizaciones civiles y activistas que defienden la interrupción voluntaria del embarazo y otras que están en contra del aborto.
Una de las primeras en respaldar la decisión fue la senadora oficialista Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, quien afirmó que la sentencia representa un avance en México hacia una “sociedad más justa en la que se respeten los derechos de todas”.
Al referirse a las implicaciones de la sentencia, Sánchez Cordero dijo en la red social X que las mujeres gestantes procesadas o sentenciadas “deberán ser absueltas”. Agregó que ahora el Congreso tiene la misión de legislar sobre esa materia.
“Se ha dado otro paso más de esta ruta que empezamos hace más de una década. Las mujeres van a tener otras opciones”, indicó Marina Reyna, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer, quien reconoció que mantiene dudas de que algunos funcionarios y médicos, especialmente del sector público, acaten la sentencia.
Hace dos años, la Suprema Corte de Justicia anuló varios artículos de una ley del estado norteño de Coahuila en los que se consideraba delito abortar y se criminalizaba tanto a las mujeres como al personal que pudiera ayudarlas, con lo que obligó a los tribunales del país a no emprender más procesos judiciales por interrupción del embarazo.
La semana pasada un nuevo estado mexicano, Aguascalientes, se incorporaba a la lista de entidades en despenalizar el aborto, también por un pronunciamiento de la Suprema Corte.
“A pesar de que ya tengamos reforma, de que sea obligatorio para las instituciones hacerlo, todavía hay muchas resistencias”, indicó Reyna al señalar que, aunque en el estado sureño de Guerrero desde el año pasado se despenalizó el aborto, en esa entidad existen unas 22 carpetas de investigación contra mujeres por interrumpir sus embarazos.
En contraste, la activista en contra del aborto Irma Barrientos, integrante de la organización civil mexicana Derechos del Concebido, que defiende el derecho a la vida, afirmó que le generaba dolor e indignación que la Suprema Corte “no escuche la voz de todos los mexicanos”. Barrientos señaló que espera que los médicos no acaten la sentencia y no realicen los procedimientos de aborto.
La activista dijo que diferentes agrupaciones civiles conservadoras en todo el país se están organizando para realizar movilizaciones contra la sentencia.
La primera entidad mexicana en despenalizar y legislar sobre el derecho al aborto fue la Ciudad de México hace 15 años. Le siguió Oaxaca en 2019. A partir de 2021, el goteo de cambios legales ha sido continuo y actualmente también está despenalizado en Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
No obstante, en un país donde la Iglesia católica tiene importante influencia todavía en muchos lugares donde se despenalizó existen problemas para acceder a un aborto.
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