La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por unanimidad y sin discusión el amparo a cuatro empresas transnacionales contra la decisión judicial que les impide sembrar maíz transgénico en México con fines comerciales.
La demanda fue interpuesta por las empresas Monsanto, Syngenta Agro, PHI México y Dow Agrosciences de México para combatir una decisión judicial adoptada en 2016.
Las empresas reclamaron la arbitrariedad del Poder Judicial al establecer medidas precautorias a favor de un grupo de la sociedad civil, lo que afecta el principio de certidumbre jurídica, según su punto de vista.
En el fragmento de proyecto de sentencia, la ministra Norma Lucía Piña argumentó que las autoridades tienen facultades que deben fundar y motivar debidamente, lo que implica la prohibición de la arbitrariedad junto a la observancia del principio de responsabilidad por la actuación del poder público.
En la demanda se identificó como tercero interesado a la Colectividad de Titulares del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar de Todas las Personas, que en este asunto fue representada por Adelita San Vicente Tello.
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La demanda Colectiva Maíz calificó la decisión como histórica porque ratifica la medida precautoria que ha protegido a los maíces nativos del país.
Otro campo de batalla
La agroindustria está metida en otra batalla legal y política que tiene que ver con la posibilidad de importar y utilizar glifosato, un químico considerado como posible causante de enfermedades en humanos y afectaciones al medio ambiente.
En este tema el gobierno federal ha establecido una política para migrar a otros químicos más amigables con el medio ambiente.
En mayo de este año, Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y Cambio Climático en Greenpeace México, informa que un juez negó la suspensión definitiva al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para poder importar glifosato y el maíz genéticamente modificado.
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